El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para reducir drásticamente la plantilla de la Administración pública y darle más poder al nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que está bajo la supervisión de Elon Musk. El objetivo de este departamento es recortar el gasto público.
El mandatario ha comparecido en una rueda de prensa en el Despacho Oval junto a Elon Musk, que llevaba una gorra con las siglas MAGA (Make America Great Again) y que iba acompañado también de su hijo X Æ A-Xii, al que el empresario llama X.
Trump ha respaldado el papel de Musk y ha denunciado la existencia de "abuso" y "fraude" en la adjudicación de contratos públicos, así como "decenas de miles de millones de dólares" que iban a ser despilfarrados.
Por su parte, el empresario ha minimizado las críticas sobre su papel en el Gobierno y la existencia de conflictos de interés. Seis de sus empresas están siendo investigadas o han sido objeto de medidas regulatorias por parte de once agencias federales. Además, ha asegurado que está siendo lo más transparente posible, aunque no tiene intención de hacer públicas sus declaraciones financieras.
Medidas incluidas en el decreto
Esta orden instruye a las agencias federales a colaborar con el DOGE para reducir personal y limitar las contrataciones para así reducir "significativamente" el tamaño del Gobierno Federal.
Según detalles filtrados a medios como Semafor y The Washington Post, las agencias deben limitar la contratación únicamente a puestos "esenciales", prepararse para afrontar "importantes" reducciones de plantilla y restringir la reposición de vacantes tras las bajas. En concreto, las empresas solo podrán contratar a una nueva persona cada cuatro que dejen su puesto, según un documento al que ha tenido acceso The Washington Post.
El mismo documento indica que habrá excepciones en los puestos relacionados con la seguridad nacional y el control migratorio. De momento, como parte de su plan para reducir gastos, el DOGE ha desmantelado la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) y a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), creada tras la crisis financiera de 2008.
