El Tribunal Supremo ha recibido recientemente información relevante sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en relación con la investigación por presunta revelación de secretos. El juez instructor, Ángel Hurtado, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realice un análisis detallado de esta documentación.
Además de la información recibida proveniente de una comisión rogatoria a las autoridades irlandesas, ahora el TS ha recibido los datos por parte de EEUU sobre este asunto. Ambos han facilitado datos relacionados con el teléfono móvil del fiscal general. Este dispositivo fue objeto de un registro en octubre de 2024, tras la apertura de una causa por parte del Supremo. Durante el registro, se incautaron diversos dispositivos electrónicos y documentación relevante. Sin embargo, el análisis inicial de la UCO reveló que el contenido del móvil había sido borrado intencionadamente en dos ocasiones el mismo día de la apertura de la causa .
Ante esta situación, el juez Hurtado ha solicitado a la Fiscalía General del Estado información sobre la normativa interna relacionada con el uso de dispositivos móviles y correos electrónicos, así como detalles sobre si el móvil del fiscal general fue formateado antes de su uso. Además también se quiere constatar si Ortiz además borró su correo de Google donde presumiblemente podría haber parte de esa información confidencial.
La investigación se centra en determinar si existió una filtración de información confidencial relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e imputado por fraude fiscal. Se sospecha que dicha filtración pudo haber tenido lugar entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, periodo en el que se produjo una supuesta filtración de correos electrónicos relacionados con el abogado de González Amador .
El análisis de la documentación recibida por parte de la UCO será fundamental para esclarecer los hechos y determinar si se produjo una filtración indebida de información por parte del fiscal general. El juez ha declarado secreta la documentación recibida y ha instado a la UCO a realizar un examen pericial exhaustivo.
Este desarrollo se suma a una serie de diligencias en curso que incluyen la citación de testigos y la recopilación de pruebas adicionales. La investigación continúa bajo el más estricto secreto, y se espera que en las próximas semanas se produzcan avances significativos en el esclarecimiento de los hechos.
