El Ministerio del Interior ha emitido una nueva instrucción que exime a la Policía Nacional y la Guardia Civil de sancionar el consumo o la tenencia de drogas en el interior de vehículos particulares que se encuentren aparcados. La medida, comunicada oficialmente a los cuerpos policiales, responde a la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que reconocen el coche privado como un espacio con una expectativa razonable de intimidad, aunque no equiparable a un domicilio.
Según la instrucción el consumo o tenencia de drogas en un coche estacionado, siempre que no esté afectando al tráfico o la seguridad vial, no puede ser sancionado bajo el artículo 36.16 de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza'. Esta normativa, vigente desde 2015, tipificaba como infracción grave el consumo o la tenencia ilícita de sustancias en lugares públicos, vías, establecimientos o transportes colectivos, pero no contemplaba expresamente los vehículos privados estacionados.
Los vehículos particulares otorgan protección de la intimidad
La decisión de Interior se fundamenta en varias sentencias recientes que consideran el vehículo particular como un objeto “con estrecha relación con la privacidad de sus titulares”. Aunque no se le reconoce el rango de domicilio, sí se le atribuye una protección reforzada en cuanto a la intimidad, por lo que la actuación policial queda limitada en estos casos.
No obstante, la instrucción matiza que la exención de sanción solo se aplica cuando el vehículo está aparcado y se utiliza exclusivamente como medio de transporte privado. Si el coche está en movimiento, el consumo o tenencia de drogas podría constituir un delito contra la seguridad vial o la salud pública, y sí sería perseguible penalmente.
La medida ha sido recibida con fuertes críticas por parte de los principales sindicatos policiales, que la consideran una “enorme irresponsabilidad” y advierten de que puede normalizar el consumo de drogas, debilitar la autoridad policial y aumentar los riesgos para la seguridad ciudadana y vial. Estas organizaciones han exigido la retirada inmediata de la instrucción, alertando sobre las posibles consecuencias negativas en la prevención y control del consumo de estupefacientes en espacios públicos.
Por su parte, Interior defiende que la instrucción busca clarificar la actuación policial y evitar sanciones administrativas que no tienen respaldo legal, ajustándose a la doctrina de los tribunales. El debate queda abierto, mientras la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana sigue su curso en el Congreso y la polémica sobre la protección de la privacidad frente a la seguridad pública se intensifica.
Una nueva polémica salpica a Marlaska
Esta disputa por la nueva instrucción policial a partir de la jurisprudencia señala de nuevo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien hace semanas ya estuvo en el ojo del huracán tras la polémica compra de munición a una empresa israelí que fue anulada por el Ejecutivo.
Discreto y obediente, aceptó una nueva desautorización pública: la cancelación del contrato firmado por su ministerio, una decisión tomada por "interés general" tras el estallido de una crisis interna en el Gobierno.
El contrato, firmado en Semana Santa y publicado recientemente en la Plataforma de Contratación del Estado, contemplaba la adquisición de más de 15 millones de balas por un valor cercano a los seis millones de euros. El anuncio provocó la inmediata reacción de Izquierda Unida, que amenazó con abandonar el Consejo de Ministros si la operación no se cancelaba.
