El magistrado Joaquín Aguirre ha acordado prorrogar la investigación del 'caso Volhov' ante las supuestas relaciones de Carles Puigdemont y miembros de su entorno con Rusia durante el 'procés'.
En un auto al que ha tenido acceso Onda Cero, el juez ve indicios de conexiones de los líderes independentistas con Rusia para lograr más apoyo en el 'procés'. Esta decisión, conocida un día antes de la votación de la ley de amnistía en el Congreso, plantea un nuevo escenario que dificulta más su aprobación final.
Todo ello, debido al delito de alta traición que deja entrever el magistrado en el escrito. Aunque no se menciona en el auto, al entrar en escena una potencia extranjera, abre la puerta a la imputación de este tipo de delito, que no está incluido en la proposición de ley de amnistía.
El delito de alta traición y cómo se castiga en España
El Código Penal español recoge en una serie de artículos los delitos de traición y habla concretamente de la relación con una potencia extranjera. Concretamente, el artículo 581 afirma que "el español que indujere a una potencia extranjera a declarar la guerra en España o se concertare con ella para el mismo fin, será castigado con la pena de prisión de 15 a 20 años".
Más adelante, en el artículo 584, recoge que aquel español que quiera favorecer a una potencia extranjera y "procure, falsee, inutilice o revele información clasificada como reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad o defensa nacional", también será castigado con una pena de cárcel de 6 a 12 años.
Estos están recogidos en el título XXIII del Código Penal, como delitos contra la paz o la independencia del Estado, unos delitos que Junts también presiona para su inclusión en la ley de amnistía con una enmienda conjunta con el PNV.
Lo que dice el auto sobre los vínculos independentistas con Rusia
El juez sostiene en su auto que Rusia tenía interés en el 'procés' por su propósito de "desestabilizar la Unión Europea" y cree que el entorno de Puigdemont habría trabajado por desarrollar una "legislación propia sobre criptomonedas adecuada a intereses rusos".
Todo está enmarcado en una investigación abierta en el juzgado 1 de Barcelona contra los llamados miembros del "Estado Mayor del procès". La causa afecta a empresarios y políticos que, desde fuera del Govern, colaboraron en la consecución de la consulta del 1-O y afecta entre otros a Josep Lluis Alay, jefe de la oficina de Puigdemont.
En otras piezas separadas del caso Voloh, que a priori no abarca la amnistía puesto que el texto excluye los delitos de corrupción, se investiga al ex conseller de ERC Xavier Vendrell, por supuesto tráfico de influencias en dos proyectos urbanístico y educativo, y al consejero de Educación Josep González Cambray por supuestas irregularidades para beneficiar a Vendrell, que también es empresario.
Respecto a la "trama rusa del procés", el juez archivó el año pasado una de las ramas, que investigaba vínculos entre un negocio de petróleo y los supuestos contactos con Rusia del entrono de Puigdemont. Hasta el sobreseimiento, estaban bajo la lupa del magistrado el empresario Aleksander Dmitrenko y Josep Lluis Alay, hombre de confianza del expresident.
Mientras, el juez de Voloh mantiene abierta la trama relativa a los contactos rusos de Víctor Terradellas, ex dirigente de CDC, que se desarrollaron coincidiendo con las fechas de los altercados que precedieron al 1-O en el año 2017. En su declaración como imputado, Terradellas admitió que Puigdemont se reunió dos veces con supuestos emisarios del entorno del Gobierno ruso que ofrecieron apoyo a una Cataluña independiente, pero el investigado negó que el entonces president les concediera ningún crédito y también que ordenara tales contactos.
