El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, prepara una nueva batería de diligencias en el marco de la investigación que mantiene abierta sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En esta nueva fase, el magistrado busca esclarecer quién fue el responsable de la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa, encargada de gestionar la agenda personal y profesional de Gómez.
Tras la declaración de dos horas y media del ministro de Félix Bolaños, el pasado miércoles, el juez prevé tomar testimonio a otros trabajadores del complejo presidencial.
¿Su objetivo?
Determinar si existió un posible delito de malversación en esa contratación.
En su comparecencia ante el juez, Bolaños, que en el momento de los hechos era secretario de Estado de Presidencia, pero no responsable directo de contrataciones, señaló a Raúl Díaz Silva como posible conocedor del proceso. Díaz Silva, estrecho colaborador de Sánchez e integrante de la unidad de apoyo de la Secretaría General de Presidencia, podría ser citado en calidad de testigo próximamente.
De confirmarse esta línea, Peinado podría realizar una tercera visita al Palacio de La Moncloa, tras haber acudido ya para interrogar, sin éxito, al presidente del Gobierno —quien se acogió a su derecho a no declarar— y para tomar declaración a Bolaños.
La acusación popular, ejercida por Vox, ya ha anticipado la solicitud de nuevas testificales al considerar que aún “hay mucho que investigar”.
Una instrucción que se prolonga durante un año
En el año transcurrido desde el inicio de la investigación, el juez Peinado ha interrogado a 33 personas y ha reunido 15 tomos de sumario con cinco líneas de investigación abiertas.
La causa comenzó por el presunto trato de favor a las empresas de Juan Carlos Barrabés mediante adjudicaciones de Red.es, por valor de 10 millones de euros. Esta línea, sin embargo, parece estancada tras los informes de la Guardia Civil que descartan irregularidades, y la decisión de la Audiencia de Madrid de anular el registro en casa del empresario.
Otra de las vías investiga un posible delito de tráfico de influencias en la Universidad Complutense. El rector de la institución, Joaquín Goyache, defendió la legalidad de la vinculación de Gómez con la universidad, indicando que daba clases desde 2012 y que existen numerosos casos de cátedras ocupadas por personas sin titulación universitaria.
El juez también ha citado como investigado al directivo del IE Business School, Juan José Güemes, por contratar a Gómez en 2018, cuando Sánchez aún no era presidente.
Además, se indaga un supuesto delito de corrupción en los negocios relacionado con una herramienta tecnológica desarrollada por la cátedra que codirigía Gómez, y que, según los informes, no generó beneficios económicos. También se le atribuye un posible delito de apropiación indebida, aunque el Registro de la Propiedad Intelectual ha confirmado que el software no figura a su nombre.
Por último, se investiga un presunto delito de intrusismo profesional, que la Universidad Complutense ha desmentido, alegando que la firma de Gómez en documentos técnicos carecía de validez administrativa.
