El Gobierno asegura que trabajará con Cataluña gane quien gane el 27S

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha respondido a las numerosas preguntas relacionadas con las elecciones catalanas de este domingo, y sobre la actitud que mantendrán tras el 27S ha dicho que han trabajado con Cataluña con independencia de quien estuviera en el Gobierno de la Generalitat y así lo van a "seguir haciendo".

Tras señalar que el 27S corresponde hablar a los ciudadanos, Sáenz de Santamaría ha asegurado que como Gobierno seguirán "trabajando con quien quiera que gane esas elecciones y forme gobierno".

En esta línea, la vicepresidenta ha defendido la Constitución, la necesidad de trabajar para fortalecer la recuperación económica y social y el empleo, tanto en Cataluña como en el resto de España.

Respecto a posibles conversaciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, Sáenz de Santamaría ha anotado que "hay una cosa clara, y es que una declaración de independencia no es posible" y "no se va a producir".

Y es que, ha subrayado, "hay determinadas cosas que no pueden prometerse por parte de determinados dirigentes porque no son posibles" y cuando alguien llega al Gobierno, en referencia al presidente de la Generalitat, Artur Mas, a pedir lo que no se puede dar, "la obligación de todo gobernante es recordar que debe cumplirse la ley".

Lo que "no se puede exigir" y "menos a un presidente del Gobierno" es que se salte la Constitución, que no respete el voto del conjunto de los españoles y que no respete la soberanía nacional de quienes le han hecho presidente con la obligación de "cumplir y hacer cumplir la ley".

"El principal problema de Mas es que no puede exigir a los demás negociar lo que no está en su mano", ha recalcado, para hacer hincapié en que dentro del marco constitucional es posible un entendimiento.

Preguntada por una información que publica El País, según la cual la Generalitat ya estaría "reclutando" a jueces para crear un poder judicial propio, ha dejado claro que, de ser así, el Gobierno lo recurrirá.

Además, ha apuntado que una estructura de ese tipo no sólo es contraria a la Constitución, sino que también es contraria a la independencia de los jueces respecto del poder ejecutivo. "No es posible que dentro de cada comunidad o municipio cada uno considere que puede construir un poder judicial. El poder judicial es único e independiente para interpretar y aplicar las leyes a través de sus sentencias", ha subrayado.

Sáenz de Santamaría ha considerado también que "la primara premisa" que debería haber tenido en cuenta Mas en este proceso es "haber dialogado con al menos esa mitad de la población que no le sigue en esa cuestión", en alusión a la independencia.

Algo "muy a tener en cuenta", según su opinión, porque cuando un presidente autonómico hace una reclamación es porque en su comunidad es "mayoritariamente pedido". "Y Mas ha venido a pedir lo que no es una posición desde luego ni unánime, ni de dos tercios ni de mayoría absoluta", ha añadido.

"Cuando uno divide al pueblo que gobierna, sencillamente tiene que hacérselo mirar", se ha quejado Sáenz de Santamaría. También ha sido preguntada por la polémica de los últimos días respecto a si los catalanes conservarían la nacionalidad española en una hipotética secesión, y ha opinado que los dirigentes independentistas proponen una "emancipación muy limitada".

Igualmente, ha recordado que los principales líderes mundiales ya han avisado de que no se reconocería a Cataluña si hubiera una declaración unilateral de independencia. "Cuando te declaras independiente, pero no te reconocen fuera, que es lo que pasaría tal y como lo han señalado los principales líderes, tú no existes como estado. Y, por lo tanto, la nacionalidad asociada a ese estado no tiene ningún efecto", ha avisado,

La vicepresidenta ha dicho asimismo que la intención del Gobierno es abordar la reforma de la financiación autonómica en la siguiente legislatura, pero teniendo presente que lo primero no serán las reclamaciones particulares de los partidos, sino las exigencias del conjunto de los españoles para tener los mejores servicios públicos y sostener el modelo de bienestar.