El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido este miércoles no presentar el proyecto de ley de presupuestos del Estado para este año después del adelanto electoral en Cataluña y trabajar para presentar las cuentas públicas de 2025.
Por tanto, ha renunciado finalmente y ha apostado por un retraso de unos meses en el diálogo con los grupos parlamentarios para lograr ya que puedan salir adelante los de 2025.
El Gobierno asegura que el hecho de que no haya presupuestos no afecta para nada a la estabilidad de la legislatura y a la determinación de Sánchez de agotarla, pero las consecuencias de no contar con cuentas nuevas para este año son varias, entre las que destaca que será más difícil cumplir determinadas promesas en derechos sociales.
Cómo afecta a los subsidios y a las ayudas
La renuncia a los Presupuestos de 2024 deja en suspenso una eventual revalorización del indicador público de renta a efectos múltiples (IPREM), que sirve para calcular diferentes ayudas y prestaciones y que actualmente está en 600 euros, y el anunciado ajuste del IRPF para evitar que quienes cobren el salario mínimo o menos tengan que pagar el impuesto.
De ahí que sindicatos como CCOO hayan reclamado al Gobierno una subida del IPREM de los 600 a los 705 euros ante la subida del IPC y la prórroga de los Presupuestos Generales de 2023 (PGE).
A través de un comunicado publicado este viernes, CCOO considera que los 600 euros no son suficientes para combatir el incremento del 3,1% del Índice de Precios del Consumidor (IPC).
En la actualidad, la cuantía de los subsidios por desempleo supone el 80% del IPREM mensual (480 euros), que afecta a más de un millón de personas, de las cuales el 60% son mujeres, que percibían algún tipo de subsidio en el mes de febrero.
De esta manera, el subsidio anual (6.720 euros si son 14 pagas) se encuentra por debajo del umbral de pobreza fijado por el INE, en 10.990 euros.
Tendrá consecuencias directas
Así, CCOO ha mostrado su preocupación ante la prórroga de los PGE de 2023 para este año, pues tendrá "consecuencias directas" sobre el gasto público al no actualizarse indicadores como el IPREM hasta la aprobación de los presupuestos de 2025.
CCOO también ha subrayado la evolución "tan dispar" entre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el IPREM, pues el SMI anual (15.876 euros) no permite a un trabajador acceder a una vivienda en alquiler protegida, pues está limitado su acceso a aquellas personas que ingresen hasta 1,5 veces el IPREM, es decir, 12.600 euros.
Desde 2004 el IPREM ha perdido, respecto de la evolución del IPC, un 14%, al que se suma ahora el 3,1% del IPC de 2023 si no se actualiza para 2024, después de su congelación entre 2010 y 2017 y sus incrementos posteriores, que el sindicato considera "insuficientes".