El área económica engloba casi a la mitad del Gobierno, a diez ministerios. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha confirmado la continuidad de la política económica. Esto es sobre el papel porque la situación es más que cambiante. La ralentización económica es evidente, se nota en la venta de viviendas, en la inversión, en las exportaciones y en la pérdida de fuerza en la creación de empleo, a pesar de que España será uno de los países con mayor crecimiento del PIB en Europa este año y el que viene.
La continuidad de la estrategia económica también se fundamenta en la continuidad de Nadia Calviño. Sin embargo, su futuro y responsabilidades pueden variar en los próximos días si es elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Su marcha provocaría una remodelación en un Ejecutivo recién estrenado.
Los primeros retos económicos del Gobierno
Óscar Puente y la huelga en Renfe
Varios miembros del gabinete nada más estrechar la cartera tendrán que enfrentarse a tareas urgentes. Es el caso de Óscar Puente como ministro de Transportes, que deberá lidiar con la huelga en Renfe que comienza el próximo viernes. Un paro convocado por todos los sindicatos ferroviarios tras rechazar el traspaso del servicio de Cercanías de Cataluña a la Generalitat.
De los Presupuestos a la condonación de la deuda en Hacienda
A la nueva vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también se le acumulan obligaciones en su agenda. En primer lugar debe cerrar la elaboración de los Presupuestos del Estado con un Techo de Gasto que corre el peligro de bloqueo en el Senado por la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta. Y las Cuentas del Estado para el año que viene ya se verán influidas por los acuerdos con los independentistas catalanes como, por ejemplo, la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda que Cataluña tiene con el Estado y el desarrollo de los pactos con Junts sobre el diálogo singular en la financiación autonómica y la reclamación para ceder el 100% de los tributos a la Generalitat.
Yolanda Díaz, con dos objetivos estrellas del Gobierno
Yolanda Díaz mantiene la vicepresidencia segunda y la titularidad del Ministerio de Trabajo. Dos de los objetivos estrella del Gobierno pertenecen a su área: la reducción de la jornada laboral y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional. Pero Díaz no ha conseguido incrementar la influencia y responsabilidades de Sumar en la coalición. No ha sumado la Seguridad Social a su departamento y no ha logrado incluir Industria en el perímetro de su formación.
El legado de Escrivá con pensiones y Seguridad Social
En cuanto a la Seguridad Social, la ministra Elma Sáiz se estrena con la desconfianza de la Unión Europea en las proyecciones de su antecesor. Bruselas no se las cree. Piensa que los ingresos crecerán menos de lo calculado por Escrivá y esto abre la posibilidad de ajustes en el sistema de pensiones en la revisión prevista para 2025. Este martes, la Comisión Europea presenta sus análisis sobre los planes económicos de los socios europeos. José Luis Escrivá llega a Transformación Digital y Telecomunicaciones en mitad del desembarco de la saudí STC en Telefónica y con la incógnita de la entrada de la SEPI en el capital de la operadora.
Retos en energía e industria
Teresa Ribera busca mantener el diferencial de precios energéticos de España con Europa y seguir con el desarrollo de las energías renovables con el peligro del huracán que se está formando en el negocio eólico, con dificultades crecientes de rentabilidad. Ahí están los problemas y rescate gubernamental de Siemens-Gamesa. Algo que tendrá repercusiones industriales. Jordi Hereu aterriza desde la presidencia de Hispasat en el Ministerio de Industria, un sector debilitado por la competencia asiática y que trata de atraer inversiones al sector del automóvil en plena transición hacia la electrificación.
Los problemas en Vivienda para Isabel Rodríguez
Y entretanto, Isabel Rodríguez buscará cómo desplegar la Ley del Alquiler y cumplir con los objetivos de un parque de vivienda pública y social con el problema de contar con escasas competencias directas, reservadas casi en exclusiva a las CCAA. Unas CCAA gobernadas en su mayor parte por el PP que ya ha advertido que no piensa desarrollar aspectos clave de la norma del alquiler como las zonas tensionadas.