El Tribunal Contencioso Administrativo ha rechazado el recurso interpuesto por el funcionario José Antonio Martínez Díez de Revenga contra el nombramiento de María Dolores Bermejo Matenció como Jefa de los Servicios Jurídicos de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente una vez subsanados los trámites que llevaron al tribunal a declarar nulo su nombramiento tras una denuncia de Intersindical-Servicios Públicos.
Esta organización sindical denunció a comienzos de 2021 que este puesto se había cubierto omitiendo la preceptiva convocatoria pública, sin acreditar debidamente las razones de urgencia o necesidad y vulnerando el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia.
La Administración Regional subsanó los trámites administrativos en ejecución de la citada sentencia y una vez cumplimentados volvió a nombrar a Dolores Bermejo Matencio Jefa de los Servicios Jurídicos de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.
Ahora, el TSJ ha dado la razón a la Administración Regional y concluye que "no encuentra sustento procesal" en la pretensión del recurrente, el funcionario José Antonio Martínez Díez de Revenga, de declarar nulo de pleno derecho el nombramiento de María Dolores Bermejo López Matencio al puesto de Jefa de los Servicios Jurídicos llevado a cabo por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente mediante orden de 3 de junio de 2021.
BERMEJO Y EL ANTIGUO TESTAMENTO
Dolores Bermejo es la misma que dio el visto bueno y firmó, aludiendo a un pasaje del Antiguo Testamento, el decreto por el que se modificó la Ley de Protección Ambiental de la Región de Murcia. Aquello causó un gran revuelo.
Dolores Bermejo también firmó un informe jurídico justificando que compete a la Confederación Hidrográfica del Segura tramitar los expedientes de responsabilidad ambiental ordenados por Fiscalía contra 10 empresas por contaminar el Mar Menor. "Si no hay agua no hay cultivo" fue uno de los argumentos esgrimidos por Dolores Bermejo en su informe para concluir que compete al organismo de cuenca y no a la Comunidad Autónoma.
La respuesta de la Consejería de Agricultura indignó a la Fiscalía que acabó presentando una demanda contra la Comunidad Autónoma ante el tribunal Contencioso Administrativo.
