El director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales, Joaquín Melgarejo, ha evaluado las consecuencias económicas que tendrá el recorte del trasvase en 105 hm3 anuales como consecuencia de elevar los caudales ecológicos. Para empezar, dice Melgarejo, que elevará el déficit estructural de la cuenca del Segura hasta los 309 hm3 sin que la desalación pueda paliarlo. Calcula que desaparecerán 27.000 hectáreas de regadío y 15.000 empleos.
El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras habla de "límites insoportables de maltrato a la Región de Murcia por parte del Gobierno de Sánchez". Dice López Miras que la Región no puede subsistir con un recorte del 50% del trasvase y subraya que no existe ni un solo informe técnico ni científico que avale la subida de los caudales ecológicos. Advierte de que llegarán hasta el Supremo si hace falta para impedir el "hachazo al trasvase".
El presidente López Miras y el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, han firmado un acuerdo para emprender de manera conjunta todas las acciones administrativas y judiciales necesarias para frenar lo que consideran una “tropelía” y una “ignominia”. Ya trabajan para presentar las alegaciones oportunas al Consejo de Estado al considerar que la decisión del Consejo Nacional del Agua es reversible.
Ambos coinciden al señalar que el recorte al trasvase Tajo-Segura es una decisión exclusivamente política para contentar a Emiliano García Page de Castilla La Mancha. Mazón habla de "hecatombe económica" en Alicante y critica que Ximo Puig y los socialistas murcianos se hayan convertido en cómplices del Gobierno de España.
