El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, señala que, de no producirse la suspensión cautelar del recorte del trasvase Tajo-Segura que ha solicitado su Ejecutivo, habrá “un perjuicio irreparable para toda la Región de Murcia, y especialmente en la planificación de las siembras y cosechas de los próximos meses, porque los agricultores no pueden arriesgarse a soportar nuevas y mayores pérdidas que las que ya sufren”. Además, resaltó que esa cautelar “es necesaria para evitar desde el minuto uno un daño difícil de revertir”, ya que el recorte “nos condena a la ruina” y “afecta a toda la sociedad, no sólo a la agricultura”.
López Miras se reunió en el Palacio de San Esteban con el presidente de los regantes del trasvase, Lucas Jiménez, con el catedrático de Historia e Instituciones Económicas y director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante y la Diputación de Alicante, Joaquín Melgarejo, y con el director del Instituto EuroMediterráneo del Agua, Paco Cabezas. Tras ese encuentro “para avanzar en la defensa de los intereses de la Región de Murcia, de Alicante, de Almería y de todo el Levante español”, el jefe del Ejecutivo regional ofreció más detalles sobre la petición de cautelar formulada mientras el Tribunal Supremo estudia el recurso en defensa del Tajo-Segura.
López Miras señaló que la Comunidad ha solicitado la suspensión cautelar del nuevo régimen de caudales ecológicos “porque no existe ningún interés público superior que exija la aplicación inmediata, pero sí está más que demostrado que su aplicación genera de inmediato graves perjuicios económicos y sociales en la Región de Murcia”. En este sentido, recordó que el recurso contra el Supremo busca “corregir una decisión oportunista y sectaria que carece de cualquier rigor técnico”, y puso de relieve que “cuanto más se estudia el Decreto que recorta el trasvase más nos queda claro que detrás solo hay motivos políticos”.
Para respaldar su solicitud de medidas cautelares, el Gobierno regional ha adjuntado una memoria con diez anexos que representan los trabajos técnicos que se han encargado a diferentes expertos en la materia.
Los regantes valoran la coordinación contra el recorte al trasvase
El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha puesto en valor la "unidad de acción" que han demostrado el Gobierno murciano, la Junta de Andalucía, la Diputación de Alicante y el propio Scrats a la hora de "coordinar" los cuatro recursos que han presentado ante el Tribunal Supremo (TS) contra el Real Decreto que supone un "recorte drástico" al trasvase y que "ya está provocando efectos negativos".
Lucas Jiménez ha adelantado que queda "todo un recorrido jurídico" por delante que va a tener una duración "no menor a un año y medio, aproximadamente" hasta que el TS resuelva los recursos. "A ver qué es lo que ocurre", se ha preguntado el presidente del Scrats, quien ha admitido que es "dificilísimo" ganar un recurso Contencioso al Estado.
Sin embargo, ha advertido que el Estado "nunca había hecho tan torticeramente mal algo" porque "han conseguido que hasta el Consejo de Estado les afee su actuación". "Todos sabemos que es muy complicado y nos queda por delante una labor muy importante de estudio y de trabajo", según Jiménez, quien ha remarcado que tienen "todas las esperanzas" y "la mejor de las intenciones".
Consecuencias a nivel socioeconómico
El catedrático Melgarejo subrayó en su intervención que la merma de caudales trasvasados que ha decretado el Gobierno de España supondrá la falta de garantías para el regadío en la cuenca del Segura, plasmada en datos como la reducción del 15,6 por ciento de la superficie de regadío, pérdidas de casi 5.700 millones de euros y la destrucción de 15.300 empleos.
Para la Región de Murcia, y según el catedrático, el incremento de cada metro cúbico por segundo de los caudales ecológicos del Tajo supondrá para el regadío pérdidas económicas de 149 millones de euros al año, y 1.815 empleos menos. En cuanto a los efectos sobre el conjunto de sectores económicos, cada subida de metro cúbico por segundo significaría la pérdida de 3.669 empleos.
También habría efectos sobre el abastecimiento, especialmente en la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Concretamente, según Melgarejo se produciría una subida de tarifa de los 0,69 euros por metro cúbico actuales a los 1,04 euros por metro cúbico, como consecuencia del incremento del agua desalinizada.
