El Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena que investiga la contaminación producida por los residuos peligrosos de la balsa Jenny y del vertedero Los Blancos, reconoce por primera vez que el Mar Menor tiene personalidad jurídica y en aplicación de la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, emplaza a personarse en el procedimiento judicial a su Comité de Representantes.
El auto-providencia judicial al que ha tenido acceso Onda Cero, el juez dice “visto el estado de la causa, al amparo de lo previsto en la Ley 19/2022 de 30 de septiembre, a fin de salvaguardar los derechos del Mar Menor que se han podido ver afectados pro la actuación de los investigados, hágase ofrecimiento de acciones, conforme a lo previsto en los artículos 109 y 110 de la LECrim, a la entidad con personalidad jurídica Mar Menor, a través de su comité de representantes previsto en el artículo 3 de la cita ley, ofreciéndose para ello a la Administración General del Estado (Ministerio de Transición Ecológica y Abogacía del Estado, Servicios Centrales) así como a la CARM (Dirección General del Mar Menor y Servicios Jurídicos).
El auto judicial, con fecha 31 de agosto de 2023, añade que en virtud de las previsiones del artículo 6 de la citada Ley de Personalidad Jurídica del Mar Menor, también ofrece acciones a las ONGs Greenpece, SOS Mar Menor y ANSE, así como a los Ayuntamientos de de Cartagena, San Javier, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar, Fuente Álamo, La Unión y Torre Pacheco "a fin de que en el plazo de quince días aleguen lo que a su derecho convenga y,en su caso, puedan mostrarse parte en las actuaciones judiciales". El juez no cita a Ecologistas en Acción porque ya están personados en la causa judicial desde hace años.
Aún no hay Reglamento de la Ley
El Consejo de Ministros aún no ha aprobado el Reglamento que desarrolla la ley que dota al Mar Menor de personalidad jurídica y, por tanto, aún no existe formalmente constituido el Comité de Representantes del Mar Menor.
La ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, se comprometió el pasado verano a aprobar el reglamento que desarrolla la ley en el primer Consejo de Ministros de septiembre. "Eso va como una seda" dijo Ribera durante su visita a Cartagena el pasado mes de julio invitada por los firmantes del decálogo en defensa del Mar Menor con motivo de las elecciones generales. El Ayuntamiento de Los Alcázares, según su alcalde Mario Pérez Cervera, sí que designó en pleno a sus representantes en el comité.
La profesora de la Universidad de Murcia, Teresa Vicente, principal impulsora de la ILP del Mar Menor valora positivamente el auto del juez. "Espero que sirva de acicate para que el Gobierno de España apruebe lo antes posible el reglamento de la ley". Vicente destaca que se trata de una Ley "muy fuerte y potente por la que se están interesando universidades de todo el mundo e incluso el Consejo General del Poder Judicial".
Funciones y formación del Comité de Representantes
El Comité de Representantes del Mar Menor, según el artículo 3 de la citada Ley “estará formado por trece miembros, tres por la Administración General del Estado, tres por la Comunidad Autónoma y siete por la ciudadanía, que inicialmente serán los miembros del Grupo Promotor de la Iniciativa Legislativa Popular.
El Comité de Representantes tiene entre sus funciones la de propuesta de actuaciones de protección, conservación, mantenimiento y restauración de la laguna, y también la de vigilancia y control del cumplimiento de los derechos de la laguna y su cuenca; a partir de las aportaciones de la Comisión de Seguimiento y del Comité Científico”.
El artículo 6 de la citada ley dice que “cualquier persona física o jurídica está legitimada para la defensa del ecosistema del Mar Menor, y puede hacer valer los derechos y las prohibiciones de esta ley y las disposiciones que la desarrollen a través de una acción presentada en el Tribunal correspondiente o Administración Pública” y añade que “dicha acción judicial se presentará en nombre del ecosistema del Mar Menor como la verdadera parte interesada.
La persona que ejercite dicha acción y que vea estimada su pretensión tendrá derecho a recuperar todo el coste del litigio emprendido, incluidos, entre otros, los honorarios de abogados, procuradores, peritos y testigos, y estará eximido de las costas procesales y de las fianzas en materia de medidas cautelares”.
Los residuos peligrosos llegan al Mar Menor a través de las ramblas contaminando la laguna, la arena de las playas y también los cultivos de la zona como ha documentado el Seprona de la Guardia Civil y viene denunciando la organización Ecologistas en Acción personada en la causa desde el primer momento.
La contaminación viene de lejos
En 2001, el Gobierno Regional aceptó la cesión gratuita de los terrenos en los que se encuentran estos residuos para proceder a la restauración de la zona. Según denuncia Ecologistas en Acción, se invirtieron 5.452.12 millones de euros en la descontaminación de la balsa, sin éxito alguno.
Después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, a mediados del pasado año 2022, diese 20 días la comunidad para sellar la balsa Jenny, el Gobierno de la Región de Murcia declaró de emergencia las obras. En aquella ocasión, tal y como informó Onda Cero, el juez ordenó a la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente a poner una barrera química que detuviera el arrastre de metales pesado al Llano del Beal y al Mar Menor.
Después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, a mediados del pasado año 2022, diese 20 días la comunidad para sellar la balsa Jenny, el Gobierno de la Región de Murcia declaró de emergencia las obras. En aquella ocasión, tal y como informó Onda Cero, el juez ordenó a la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente a poner una barrera química que detuviera el arrastre de metales pesado al Llano del Beal y al Mar Menor.
El Gobierno regional acometió las obras, pero a los pocos meses el Seprona inspección la zona y concluyó que las obras acometidas por la CARM en la balsa Jenny multiplicaban la contaminación.
Las obras que la CARM encargó a Ferrovial por importe de 815.000 euros no se correspondían con lo ordenado por el juez. El SEPRONA concluyó en su informe "van a provocar un aumento muy importante de la cantidad de agua de escorrentía que se va a infiltrar y va a entrar en contacto con los residuos peligrosos de la balsa Jenny".
Tal y como informó Onda Cero, la Guardia Civil habló de riesgo inadmisible para la salud de la población y se refirió a la parcela de la balsa Jenny como "vertedero de residuos peligrosos"
Residuos procedentes de la balsa Jenny
En mayo de 2022, el Seprona de la Guardia Civil había tomado muestras sobre tres parcelas situadas junto al vertedero de residuos peligrosos Los Blancos, también ubicado en el Llano del Beal. Lo hizo a petición de Ecologistas en Acción en la causa abierta contra la empresa Portmán Golf por un presunto delito contra el medio ambiente por el retraso de ocho años en el sellado de esta antigua corta minera. Los residuos de Los Blancos proceden de la balsa Jenny, de la que se trasladaron un millón de toneladas de material contaminado a este solar.
La balsa Jenny es propiedad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (gestionada por la Dirección General de Medio Ambiente) y, según el juez que investiga la contaminación que produce, habría sido presumiblemente sellada de forma inadecuada, así como de terrenos adyacentes, propiedad de la investigada Portmán Golf y que presentan igualmente grandes cantidades de metales pesados sin tratar.
