La Interventora Municipal, Celia Milanés, concluye que la gestión económica financiera desarrollada por el Ayuntamiento de Murcia "no se ajusta a la normativa ni a los principios de buena gestión financiera, al haber sido detectados incumplimientos debilidades y deficiencias".
El informe, del que la Fiscalía dispone de una copia, fue llevado al Pleno del pasado mes de febrero.
El informe de la Interventora Municipal advierte en sus conclusiones que "la información publicada por el Ayuntamiento respecto a los contratos menores celebrados no cumple los parámetros necesarios de fiabilidad e integridad exigibles, habiendo encontrado numerosas discrepancias en la información analizada".
La interventora señala que se han identificado 5 contratos (3%) que superan los límites cuantitativos establecidos para la contratación menor. Además, un 10% de los contratos menores analizados tienen un importe que se aproxima en más de un 98% a los límites legales establecidos lo que lleva a la Intervención a concluir que "la celebración de estos contratos podría no haber respondido a un cálculo de las necesidades públicas a satisfacer, debidamente planificadas y evaluadas, sino a las ventas prácticas de la utilización de la contratación menor".
Respecto a los límites temporales del contrato menor, la Intervención ha verificado que en la mayoría de los expedientes no figura expresamente la duración de contrato "a pesar de ser una información a publicar y remitir al Tribunal de Cuentas".
La Intervención Municipal, en su "Informe de Control Financiero sobre Contratación Menor" también ha verificado que en la mayoría de los contratos menores no se efectúa una adecuada definición del objeto y motivación del contrato "lo que resulta crucial para asegurar su adecuación a la legalidad y a los fines públicos pretendidos". En un 14% de los contratos analizados la tramitación administrativa previa que impone la LCSP se ha realizado con posterioridad a la ejecución de las prestaciones y "ello contradice la obligación de justificar previamente las necesidades públicas y la adecuación de la contratación, así como la prohibición de contratación verbal".
La Intervención Municipal también ha comprobado que "en el 100% de los expedientes de contratos menores analizados no consta la acreditación de haber comprobado la capacidad y habilitación profesional de los contratistas" y que "en el 90% de los expedientes de contrato menor de obras analizados no consta el correspondiente presupuesto de las obras elaborado por la propia Administración".
La interventora también ha detectado determinados gastos que se corresponden con necesidades de carácter recurrente o permanente que han sido tramitadas como contratos menores y "contratos menores adjudicados directamente de forma separada para la realización de prestaciones de naturaleza similar o vinculadas operativamente y que podrían responder a un único fin".
Necesidades comunes y falta de coordinación
La intervención subraya la necesidad de "reconducir la gestión municipal" tras detectar déficits significativos de coordinación entre los servicios municipales que contratan autónomamente prestaciones que son comunes a varios de ellos. El informe destaca la realización de 383 contratos menores por parte de diferente gestores para reparación de vehículos municipales por un importe de 457.000 euros; 95 contratos celebrados por 25 centros gestores para la adquisición de material informático y tecnológico por importe de 400.000 euros; 19 contratos menores para la adquisición de vehículos por un importe que supera los 177.000 euros, de los que 8 corresponden al mismo modelo y se han adquirido por importe exacto de 12.200 euros; 150 contratos menores para la adquisición de mobiliario urbano por parte de 20 centros gestores por importe de 545.000 euros.
Posible fraccionamiento del objeto del contrato
Además, la Interventora ha detectado fraccionamiento contratos para la adquisición e instalación de toldos en zonas infantiles; la compra de cinco vehículos modelo Opel Corsa por importe exacto cada uno de 12.200 euros; la contratación separada de la actuación del grupo musical Puja en la plaza Belluga en diciembre de 2019; la reforma de las dependencias administrativas Saavedra Fajardo; asfaltado de determinadas calles del municipio; y obras en el yacimiento de San Esteban donde la interventora ha comprobado la adjudicación directa de contratos menores "que parecen vinculados operativamente" por importe de 140.000 euros.
La contratación menor tiene límites
La normativa sobre contratación menor establece una serie de límites o condicionantes para la utilización de esta figura contractual:
- El valor estimado del contrato, que habrá de ser inferior a 40.000 euros, cuando se trate de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de suministros o servicios.
- Su duración, que no podrá exceder de un año ni ser objeto de prórroga.
- La imposibilidad de fraccionar artificialmente el objeto del contrato recurriendo a esta figura excepcional con el fin de eludir las reglas de publicidad o relativas al procedimiento.
