El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad sobre dos preceptos de un Real Decreto Ley de la Región de Murcia sobre la protección del Mar Menor al considerar que esta norma "reduce y limita" dicha protección.
En concreto, el Consejo de Ministros ha hecho referencia a dos preceptos del Real Decreto Ley 5/2021 del 27 de agosto de Recuperación y Protección del Mar Menor. "La Región de Murcia condiciona la restitución de las explotaciones de regadío ilegales a su estado natural a que exista una actuación administrativa previa de la Confederación Hidrográfica del Segura de prohibición y sanción", recoge el Gobierno en las referencias publicadas tras el Consejo.
Para justificar dicho recurso, el Ejecutivo alega que la normativa autonómica "no solo dificulta la restitución de terrenos ilegales al exigir una actuación concreta del Estado", sino que también hace "dejación de sus responsabilidades y competencias en los ámbitos agrario y ambiental, pues desiste injustificadamente de actuar de oficio en muchos otros supuestos de ilegalidad en los que las explotaciones se asientan en suelos forestales, de secano o protegidos, entre otros motivos", expone.
En este sentido, el Gobierno se acoge al artículo 33.5 de la ley que establece que si hay una explotación de regadío que es ilegal por tener la condición de monte, la Ley establece que la Comunidad es competente para ordenar la restitución del cultivo a su estado anterior.
Sin embargo, --continúa la exposición de motivos-- para hacer efectiva esa restitución se exige (artículo 33.1, impugnado) una actuación previa de la Administración del Estado (Resolución de la Confederación Hidrográfica), cuando las competencias involucradas "son únicamente autonómicas y nada tienen que ver con el Estado".
Según el Ejecutivo, el diseño que realiza la normativa murciana y que impugna el Estado "dificulta, reduce y dilata" los procesos autonómicos de restitución de los terrenos a su estado natural y, en consecuencia, "no actúa con la suficiente diligencia contra las explotaciones ilegales", con el consiguiente impacto negativo sobre el Mar Menor.
Así, Moncloa ha adoptado la determinación de presentar este recurso para "asegurar y blindar" la protección del Mar Menor, dejando en manos del Tribunal Constitucional la valoración sobre la inconstitucionalidad de la norma y los términos en que deben interpretarse las cuestiones objeto de la discrepancia.
No obstante, el Ejecutivo central ha asegurado que mantendrá abierto el diálogo y la cooperación con la Región de Murcia en esta cuestión "y en el resto de actuaciones para su protección ambiental".
"Debemos saber si hay o no concesión de riego"
Desde la CARM defienden que es indispensable saber si existe o no concesión de agua para regadío y eso solo puede certificarlo la CHS que depende del Ministerio. "Es una cuestión de seguridad jurídica" alegan desde la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente y recuerdan que hay regadíos ilegales identificados en el Mar Menor con concesiones de agua de riego de desaladoras del Ministerio". "Es la CHS la que otorga o deniega el derecho de aprovechamiento de aguas".
También recuerdan que el Gobierno regional ha iniciado la tramitación del 100% de los expedientes recibidos por parte de CHS. Son 282 las hectáreas de regadío ilegal restituidas a su condición original.
La cuenca vertiente del Mar Menor no está transferida a la CARM
Expertos consultados por Onda Cero creen que la situación de la cuenca interna del Mar Menor puede estar causando "cierta confusión" en el Ministerio. La cuenca vertiente del Mar Menor es una cuenca interna y como tal es competencia autonómica, pero "por motivos políticos" la CARM nunca pidió la transferencia y está siendo gestionada por la CHS. Es ahora cuando el Gobierno regional ha solicitado formalmente que se transfiera la cuenca vertiente del Mar Menor, aunque no hay respuesta por parte del Gobierno de España.
