La Fiscalía General del Estado se ha hecho cargo de la investigación sobre presuntos contratos amañados por parte de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Cabe recordar que fue, precisamente, la Fiscalía Superior de la Región de Murcia la que abrió la investigación tras una denuncia presentada por UGT y CCOO.
Según consta en la denuncia de Fiscalía, en el transcurso de la investigación algunos declarantes han manifestado el interés que se ha suscitado en instancias superiores de la Autoridad Portuaria "por conocer e influir en las declaraciones realizadas por testigos ante la Policía Judicial".
Uno de los denunciantes informó a la Policía Judicial de la celebración de reuniones entre responsables y trabajadores donde se les advertía de que debían informar si eran citadas a declarar en Comisaría y que además se estaba investigando el origen de la “filtración” de los documentos a Fiscalía a la Policía, y quién había denunciado.
A un testigo, relata la denuncia, un director de la Autoridad Portuaria le conminó a redactar y firmar una especie de “documento de apoyo y lealtad a la Autoridad Portuaria, por orden de la presidenta Yolanda Muñoz.
La denuncia presentada por el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, va contra nueve personas y dos empresas y refleja presunto tráfico de influencias, nombramientos a dedo, pliegos a medida y hasta coacciones a funcionarios de la Autoridad Portuaria.
La Autoridad Portuaria encargará una auditoría externa para "aclarar" los asuntos investigados por la Fiscalía y también pedirá a la Intervención General del Estado que realice una auditoría interna.
