El Consejo Jurídico constata que la CARM autorizó casi 80.000 cerdos más en granjas de la Región sin medir su impacto ambiental. El aumento de animales supone más espacio, más consumo de agua, más emisión de gases a la atmósfera (metano y amoníaco) y más purines a gestionar en una Región en la que gran parte de su territorio ha sido declarado zona vulnerable a la contaminación por nitratos. No obstante, la Consejería de Agricultura rechaza hablar de ampliación y aduce que "una cerda en ciclo cerrado, equivale a 0.96 UGM; un cerdo de cebo de 20 a 100 Kg, equivale a 0.12 UGM. Por tanto 1 cerda de ciclo cerrado equivale a 8 cerdos de cebo de 20 a 100 KG".
Según ha podido comprobar Onda Cero, solo en lo que va de año, el Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha emitido una veintena de dictámenes en los que declara la nulidad de las resoluciones emitidas por la Dirección General de Ganadería y Pesca por las que se autorizó e inscribió en el Registro Regional de Explotaciones Porcinas el cambio de orientación productiva (de tipo cerrado a cebadero) de una veintena de explotaciones ganaderas ubicadas en diferentes municipios de la Región sin los preceptivos y obligatorios trámites ambientales. El cambio de orientación productiva supone de facto una ampliación de la granja.
Analizados los veinte dictámenes del Consejo Jurídico, se constata que la Consejería de Agricultura y Ganadería autorizó pasar de 7878 cerdas reproductoras a 78.554 plazas de cerdo de cebo sin medir la preceptiva autorización ambiental integrada y sin declaración de impacto ambiental. Lo más probable es que haya más dictámenes de más explotaciones ganaderas.
Un informe del Servicio Jurídico de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de 15 de junio de 2020 advierte de que “tanto la instalación de nuevas explotaciones porcinas, como sus ampliaciones o cambios de orientación productiva que supongan un determinado aumento de plazas, se encuentran sujetos al régimen de autorizaciones ambientales vigente, que en este caso no se ha tenido en cuenta” y concluye que “procede iniciar procedimiento de revisión de oficio en orden a declarar su nulidad, al entender que la resolución de autorización de cambio de autorización productiva estaría incursa en la causa de nulidad establecida por el artículo 47.1, letra e, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En cumplimiento por lo indicado en el citado informe jurídico, el 16 de marzo de 2022, la Consejería de Agricultura acordó el inicio del procedimiento de revisión de oficio de las autorizaciones realizadas por la Dirección General de Ganadería de inscripción en el Registro de Explotaciones Porcinas del cambio de orientación productiva.
Según ha podido comprobar Onda Cero, únicamente se llevaba a cabo una inspección veterinaria y la elaboración de un informe de Sanidad Animal, que debía ser favorable.
El Consejo Jurídico resalta que "no parece necesario insistir en la trascendencia y esencialidad de los trámites que se omitieron y de la finalidad que se perseguía con ellos, que no es otra que la de garantizar que la afección al medio ambiente que, sin duda, provocan las explotaciones ganaderas intensivas como la del interesado, quede sujeta a condiciones, límites o restricciones y controles estrictos, para minimizar sus perniciosas consecuencias sobre el entorno, y permita así conciliar el legítimo interés económico de sus titulares con el general de la protección ambiental".
Tampoco puede olvidarse, subraya el Consejo Jurídico en sus dictámenes, que" la conciencia social imperante en nuestro tiempo otorga a los intereses generales relacionados con la preservación del medio ambiente una singular prevalencia como principio rector de la política social y económica".
El Consejo Jurídico destaca, además, a que "el carácter necesariamente previo de los trámites ambientales está en íntima conexión con su finalidad, pues una evacuación tardía, con posterioridad al acto sustantivo de autorización del cambio de orientación productiva llevaría a la frustración de aquella finalidad. El propio Tribunal Constitucional, en Sentencia (STC) 13/1998, de 22 de enero, califica la evaluación de impacto ambiental como “técnica de protección ambiental de carácter anticipado o preventivo (…), dirigida a introducir la variable ambiental en la ejecución de proyectos tanto de obras y actividades públicas como de obras y actividades promovidas por particulares”.
Además, advierte en sus dictámenes que "el origen europeo de las normas ambientales incumplidas aconseja una aplicación aún más prudente, si cabe, de los impedimentos al ejercicio de las potestades de revisión establecidos en el artículo 110 LPACAP, en orden a evitar que con ocasión de su aplicación, pudiera llegar a consolidarse una situación jurídica contraria, aun de forma inmediata, a las directivas antes citadas y al principio de efectividad del Derecho comunitario".
MAYOR CONSUMO DE AGUA
Según datos del Ministerio de Agricultura, con un consumo ad libitum de agua, un cerdo en la fase de cebo consume de 2,2 a 2,8 litros de agua por kg de materia seca ingerida, mientras que un lechón ingiere de 3 a 3,5 veces más de agua que de pienso. Respecto a las cerdas reproductoras son mucho más exigentes, especialmente si están en lactación, siendo su consumo medio de 4 a 4,5 l/kg MS.
El consumo de agua del ganado porcino es importante y por eso motivo la Confederación Hidrográfica del Segura está informando de manera desfavorable a las diferentes solicitudes de ampliación de granjas porcinas en la Región de Murcia puesto que no hay agua suficiente. "Está claro que esas ampliaciones ganaderas han supuesto un importante incremento del consumo de agua por el aumento del número de animales" admiten fuentes del organismo de cuenca consultadas por Onda Cero.
Según el organismo de cuenca, el consumo medio estimado de agua para un cerdo de cebo oscila entre 7,47 litros de agua al día por cerdo de mínimo y 9,13 litros de agua de máximo. La ampliación ganadera autorizada por la CARM sin los preceptivos informes ambientales habría elevado el consumo de agua hasta los 716.705 litros de agua al día en cerdos de engorde teniendo en cuenta el consumo máximo.
LOS GANADEROS ALEGAN INDEFENSIÓN
Muchos de los ganaderos afectados, según consta en los dictámenes del Consejo Jurídico revisados por Onda Cero, alegan que "la revisión de las autorizaciones iniciada por la Consejería es contraria al principio de seguridad jurídica, a la equidad, al principio de confianza legítima, a los derechos de terceros y a intereses colectivos".
Un ganadero a quien en julio de 2011 la Dirección General de Ganadería le autorizó pasar de una capacidad de 352 cerdas reproductoras a 4076 plazas de cerdos de cebo "invoca los límites a las potestades revisoras de la Administración dado el tiempo transcurrido desde que se dictó la resolución que se pretende anular, tiempo durante el que la Administración ha conocido los movimientos de animales de la explotación y que ha funcionado de manera intachable durante años, habiendo pasado, satisfactoriamente, todas las inspecciones necesarias habiendo recibido todas las autorizaciones pertinentes para el ejercicio de la explotación".
Este ganadero advierte de que durante todos estos años, ha realizado inversiones económicas que, de prosperar la revisión incoada, devendría en inútiles, y generarían un perjuicio económico gravísimo que valora inicialmente en 90.000 euros, más la pérdida de la inversión de 300.000 euros realizada en su día para el cambio de orientación productiva".
Otro ganadero, a quien la Dirección General de Ganadería autorizó en febrero de 2017 pasar de 670 cerdas reproductoras a 5890 cerdos de cebo, alegó que tenia solicitada desde hace tres años la concesión de autorización ambiental integrada y declaración de impacto ambiental, y que si no la tenía aprobada era "por la negligencia y/o pasividad del Órgano competente, pues que dicha concesión lleva paralizada durante más de 3 años”. En su alegación ante la Consejería, pidió que "una vez se aprueben dichos trámites ambientales lo procedente, dice, será la convalidación del defecto procedimental que ha originado el procedimiento de revisión de oficio de la autorización del cambio de orientación productiva".
Lo mismo alega otro ganadero a quien la Dirección General de Ganadería autorizó en abril de 2019 pasar de 366 plazas de cerdas reproductoras a 3.670 plazas de cerdos de cebo sin los trámites ambientales obligatorios y preceptivos. "La explotación tiene solicitada la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental integrada. Su no evacuación y concesión, respectivamente, se debe a la pasividad del órgano competente, pues llevan paralizadas varios años". En cualquier caso, entiende este ganadero, que una vez se evacuen dichos trámites ambientales "lo procedente sería la convalidación del cambio de orientación productiva, por lo que solicita la suspensión del procedimiento de revisión de oficio hasta que se resuelva sobre la autorización ambiental".
AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE NO CONTESTAN
En Onda Cero hemos preguntado a la Consejería de Agricultura qué piensan hacer con esas macrogranjas después de que el Consejo Jurídico haya dictaminado que las autorizaciones otorgadas en su día son nulas. ¿Sanciones? ¿Regularización? También hemos preguntado a la Consejería de Agricultura y Ganadería por qué obviaron los trámites ambientales obligatorios, si deberán indemnizar a los ganaderos afectados y si pidieron informes a la Confederación Hidrográfica del Segura.
Por otra parte, hemos preguntado a la Consejería de Medio Ambiente si ha abierto los oportunos expedientes sancionadores a las granjas porcinas a las que Ganadería autorizó las ampliaciones sin medir los impactos ambientales y a cuánto asciende el importe de las sanciones.
A pregunta de Onda Cero, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se ha limitado a decir que "la Comunidad Autónoma siempre velará por el cumplimiento de la legalidad de cualquier trámite administrativo".
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN QUIERE QUE LA FISCALÍA INVESTIGUE
Ecologistas en Acción anuncia que llevará a la Fiscalía las autorizaciones de ampliación de granjas porcinas sin evaluación de impacto ambiental. La organización ecologista quiere que se investigue por qué la Comunidad se saltó los trámites ambientales en las explotaciones ganaderas.
La organización ecologista, que viene alegando en contra de la ampliación de las macrogranjas porcinas de la Región, advierte de que "estas producen un enorme impacto ambiental: emisiones de amoniaco, de metano y vertidos de purines cargados de nitratos que pasan al suelo, a los acuíferos y a ecosistemas acuáticos, degradándolos, a lo que se añade la actual laxitud del control institucional. La desidia y la inacción de la administración regional frente a este tipo de instalaciones es una amenaza, no solo para el medioambiente sino también para el propio sector ganadero, pues favorece el desarrollo de prácticas irregulares e insostenibles, aumentando los impactos y el conflicto social".
Murcia, es la tercera provincia en número de macrogranjas (después de Lleida y Huesca) con 20 municipios con al menos una macrogranja, un 44’44% de porcentaje del total.
UN FUNCIONARIO DENUNCIA QUE RECIBIÓ PRESIONES
Cándido Gabarrón, que entre 2013 y 2020 estuvo adscrito a la Dirección General de Medio Ambiente como funcionario interino, ha denunciado en redes sociales que recibió presiones por negarse a participar en un "entramado ilegal" que casi le cuesta el puesto de trabajo.
Gabarrón admite que sufrió "discusiones y peleas" en despachos con superiores y compañeros por negarse a hacer la vista gorda tras comprobar que sin los trámites ambientales preceptivos, las ampliaciones ganaderas y el cambio de orientación productiva ya estaban inscritas en Registro Regional de Explotaciones Porcinas. "Acoso laboral y un presión altísima para actuar, mirando lo menos posible la Ley, en favor del interés particular del que solicitaba la autorización de un proyecto ganadero" dice.
"Todavía recuerdo una reunión programada , con compañeros, superiores jerárquicos y altos cargos, en la que me quedaba sólo con la Ley y me negaba a seguir con el procedimiento pasando por alto cosas que veía en la normativa" y añade "era una combinación de posicionamiento a favor de los intereses de un sector, presionando en base a ellos a los funcionarios; redes clientelares de consultorías en la tramitación de expedientes; premios promocionando a los funcionarios que se alineaban con ello..." dice.
"¡Deja ya de poner pegas y dales la autorización! tuve que escuchar de una compañera al final de una reunión, después de leerles cosas que recogía la normativa que no se cumplían" escribe Cándido Gabarrón que se niega a hacer más declaraciones por miedo a represalias. Aunque ahora es funcionario de carrera adscrito a la Oficina Comarcal Agraria de Lorca, teme que intenten hacerle la vida imposible.
