En la sentencia, de tan solo dos páginas, los magistrados argumentan "falta de fundamentación suficiente" para anular la sentencia, de 2 de noviembre de 2021, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que avaló la resolución del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mediante la que se acordó declarar la caducidad de la autorización otorgada por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 4 de julio de 1975, a Puerto mayor, S.A., para la construcción de un puerto deportivo en la costa del Mar Mediterráneo, en La Manga del Mar Menor, término municipal de San Javier.
Puerto Mayor ha sido condenada igualmente a pagar las costas, 1.000 euros a la Abogacía del Estado y 500 euros a cada parte personada, entre las que se encuentra la Asociación Naturalista del Sureste (ANSE). Puerto Mayor S.A. tendrá que hacerse cargo así de la restauración ambiental de la dársena, retirando las tablestacas de metal y restaurando la zona afectada por las obras ilegales para que vuelva a su estado original, suponiendo que tenga solvencia para hacerlo.
Pedro García, director de ANSE, ha manifestado que “la sentencia del Tribunal Supremo cierra una larga historia de destrucción de este emblemático enclave de La Manga y el Mar Menor que nunca debió de producirse, y por la que sus máximos responsables, el expresidente Ramón Luís Valcárcel y el exdirector general Antonio Alvarado, no han asumido ninguna responsabilidad. Y aunque es probable que el coste de la restauración ambiental sea finalmente asumido por el Estado por insolvencia de la empresa, se demuestra que el trabajo continuado y responsable por la conservación de la naturaleza consigue resultados, y terminará generando beneficios ambientales, económicos y sociales a muchas generaciones, muchos más que los que habría producido la destrucción de la Caleta del Estacio”.
ANSE viene trabajando de manera ininterrumpida desde antes de 2005, con la ayuda de Greenpeace, para lograr en primer lugar la paralización de las obras de Puertomayor, y posteriormente para conseguir la restauración ambiental de los arenales de la Caleta del Estacio para un uso público responsable. La asociación se ha personado en todos los expedientes administrativos y judiciales relacionados con esta obra que el Gobierno de la Comunidad Autónoma nunca debió de haber permitido y apoyado.
Una larga lucha para evitar la destrucción del último gran arenal sin urbanizar en La Manga.
ANSE valora positivamente que los tribunales hayan terminado dando la razón a las organizaciones ecologistas que desde comienzos de siglo vienen denunciando que las obras de construcción de un macropuerto para 900 embarcaciones, urbanización y otras infraestructuras asociadas en la caleta del Estacio, en la vertiente mediterránea de La Manga "eran ilegales".
El argumento esgrimido por el Gobierno regional en 2020 para acordar la caducidad "por la no iniciación, paralización o no terminación de las obras injustificadamente", es el mismo que ANSE planteó a comienzos de siglo en sus escritos al entonces presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luís Valcárcel, para que no autorizara el reinicio de las obras.
La acción de protesta conjunta realizada a finales de enero de 2005 por voluntarios de Greenpeace y ANSE, paralizando las obras durante 30 horas, provocó la interposición de una demanda judicial por el Ministerio de Medio Ambiente, que tenía como responsable por entonces a Cristina Narbona. La sentencia de dicha demanda confirmó la ilegalidad de las obras autorizadas por la Comunidad Autónoma.
ANSE y Greenpeace recordaron en varias ocasiones que las obras de Puerto Mayor eran ilegales porque fueron realizadas según un proyecto de puerto deportivo que nunca fue tramitado y aprobado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En su día, la empresa Puerto Mayor contaba con concesión administrativa para la construcción del puerto deportivo otorgada por el Consejo de Ministros en 1975, pero dicha concesión caducó en 1988 sin que se realizara obra alguna.
El director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado,autorizó en el año 2003 la realización de las obras de Puerto Mayor existentes en la actualidad y que correspondían a un nuevo proyecto presentado por la empresa en 2001, sin que el mismo contara con aprobación de la Comunidad Autónoma. Estos hechos motivaron que ANSE presentara denuncia contra Alvarado por la comisión de dos supuestos delitos de prevaricación y contra los recursos naturales y el medio ambiente ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. No obstante, había una autorización previa de las obras de 1988 por parte del gobierno socialista de Carlos Collado.
La Fiscalía hizo suya la denuncia de ANSE, lo que motivó que el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Murcia procesara a Alvarado por un delito de prevaricación. El director general no llegó a ser condenado por estos hechos al incurrirse en un defecto de forma en la tramitación del proceso judicial.
ANSE y GREENPEACE presentaron diferentes escritos e iniciativas para acabar definitivamente con el proyecto de Puertomayor y evitar la reanudación de las obras, la última en julio de 2017 contra el “proyecto de conservación, mantenimiento y comprobación del tablestacado existentes en las instalaciones de Puerto Mayor, T. M. de San Javier” promovido por Puerto Mayor, S.A.
ANSE y Greenpeace entregaron en agosto de 2017 a la Comunidad Autónoma 22.000 firmas de apoyo a la propuesta de restauración de Puerto Mayor, instando al Gobierno regional a la restauración de la playa del Estacio afectada por las obras y las 25 hectáreas de arenales anexos, con el fin de recuperar espacios naturales que también mejorarían la calidad de vida y el turismo en la zona, a la vez que mostraban su rechazo a cualquier autorización para continuar las obras.
La Demarcación de Costas en Murcia autorizó a finales de 2020 a ANSE a desarrollar una actuación experimental de restauración de 2,6 has de superficie de los arenales de la Caleta del Estacio (La Manga, San Javier, Región de Murcia) afectados por las obras de Puerto Mayor, que se está desarrollando actualmente, y que constituye un ensayo para la restauración ambiental de la totalidad de las más de 20 has de arenales que han sido salvadas de la destrucción de este tramo de costa.
Por último, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico contrató en junio de este año la redacción del proyecto de restauración de la Caleta del Estacio, incluido y presupuestado dentro del Plan para la Protección del Borde Litoral del Mar Menor.
Puerto Mayor se concedió en el último Consejo de Ministros de Franco
Juan Ramón Calero, que fue el abogado del Estado que actuó en el nombre del Ministerio de Medio Ambiente de Cristina Narbona contra Puerto Mayor, ha relatado en Onda Cero elperiplo judicial que acabó ganando.
"Recién ganadas las elecciones por el PSOE en 2004, la ministra Narbona pidió a la Demarcación de Costas que vinieran a verme como abogado de Estado para ver qué se podía hacer con Puerto Mayor y yo redacté un dictamen de más de cuarenta páginas que rápidamente enviaron a Madrid. Ese dictamen recomendaba que el Ministerio requiriera a la CARM para que iniciase un proceso de oficio que era la declaración de la nulidad de pleno derecho de dos actos administrativos por el que se autorizaban las obras de Puerto Mayor: uno de 1988 con el gobierno socialista de Carlos Collado y otro del gobierno de Valcárcel. La CARM no contestó al requerimiento del Ministerio y entonces pusimos un contencioso ante el TSJ y lo ganamos".
"La CARM se resistió políticamente, pero me consta que muchos funcionarios de la Consejería salieron a la calle a brindar cuando se ganó el incidente de medidas cautelares porque estaban en contra de Puerto Mayor. Yo utilicé los informes técnicos y jurídicos de la CARM que decían que eso era un disparate, pero eran decisiones políticas y la influencia entonces de Tomás Maestre, que era un gran donante de fondos al PP de Madrid, hacía que se paralizara todo. Y lo sé porque eso lo viví yo como presidente regional al PP".
Calero ha relatado que funcionarios del Estado se presentaron en la Consejería pidiendo toda la documentación. "Al principio fueron reticentes, pero acabaron dando todos los papeles cuando dijimos que llamaríamos a un notario para que levantara acta".
Juan Ramón Calero ha relatado que "había intereses económicos muy importantes. Se hablaba de 30.0000 millones de las antiguas pesetas, pero había un interés prevalente que era el equilibro del medio ambiente litoral porque había un informe del Ministerio de Medio Ambiente que decía que si seguían adelante las obras de Puerto Mayor, que consistían en ganarle 300.000 m2 al mar, eso ocasionaría una alteración de las corrientes marinas y era muy posible que en pocos años La Manga se convirtiese en una especie de Venecia".
El abogado del Estado se muestra convencido de que las obras de Puerto habrían seguido adelante de no haber sido por la intervención del Ministerio de Medio Ambiente de Cristina Narbona.
