La candidata del PP a la alcaldía de Calasparra pudo haber malversado dinero público

El informe policial, fechado en abril de 2017, respalda la querella del fiscal y acredita que cuando Juan Rigabert y María Marín estaban al frente de Caravaca Jubilar “hubo una serie de pagos a proveedores que realmente no fueron realizados”.

El informe del Grupo de Delitos Económicos y Blanqueo de capitales de la Policía Nacional al que ha tenido acceso Onda Cero concluye que “en la cuenta de la mayoría de los clientes y/o proveedores, se pueden observar, errores, manipulaciones, anotaciones intemporales, pagos no realizados, anotaciones de cobros con cantidades diferentes a lo facturado, etc, teniendo como resultado una situación en las cuentas que no se ajusta a la realidad contable de la mercantil”.

Los agentes señalan “varios fraudes a la hora de reflejar los movimientos contables en el libro mayor de la mercantil, existiendo transferencias bancarias que se encuentran reflejadas en asientos de la cuenta de un proveedor, cuando realmente las transferencias se han realizado a una cuenta bancaria distinta a la de este”.

Los agentes destacan en su informe “dos pagos de 8.000 y 22.000 euros anotados a nombre de FÚTBOL CLUB CARAVACA como destinatario del dinero cuando, en realidad, la policía comprobó que el dinero fue ingresado en la cuenta corriente de un particular, Mariano Rigaert Montiel, sin relación con la mercantil, y casualmente hermano del investigado en el procedimiento judicial, Juan Rigabert entonces gerente de Caravaca Jubilar. Los agentes policiales también observaron como una transferencia bancaria contabilizada como pago en la cuenta del proveedor ARTIPACK SL, no fue ingresada en la cuenta bancaria de éste, sino que fue abonada en la cuenta corriente del investigado, Juan Rigabert.

La Fiscalía, que considera que la investigación está prácticamente ultimada a falta de llamar a declarar en calidad de testigo al contable que detectó las irregularidades contables, presentó en 2016 una denuncia contra María Marín y Juan Rigabert al considerar que podrían haber cometido falsedad documental y malversación de caudales públicos que el juez admitió a trámite, aunque la primera denuncia ante la Policía Nacional de Lorca partió del entonces alcalde de Caravaca, Domingo Aranda, del PP, tras una primera auditoría realizada por el contable, Miguel Martínez en febrero de 2015.

Por otra parte, la acusación particular ejercida por el secretario de política municipal del PSOE de Calasparra, Francisco Javier Giménez solicitó el pasado 19 de mayo al titular del juzgado de instrucción número 2 de Caravaca el impulso procesal de la causa para que las diligencias no se paralicen con el fin de posibilitar la apertura de juicio oral lo antes posible dada la gravedad de los hechos investigados y verificados por el Grupo de Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional.

En su escrito de alegaciones ante el juez, la acusación particular hace constar que los investigados “hicieron constar en la contabilidad de la empresa Caravaca Jubilar como abonadas numerosas facturas de proveedores que, sin embargo, habían sido abonadas en realidad por la Comunidad Autónoma a través de los planes de pago a proveedores, contabilizado de manera irregular como cantidad total abonada la de 2.485.012 euros correspondiente a ICO I, ICO II, ICO III, FLA 2012 y FLA 2014, cuando realmente la cantidad pagada por la CARM por tales conceptos ascendió a 2.595.409,25 euros, existiendo una diferencia de 110.397 euros”.

El ministerio fiscal cuantificó el menoscabo de los fondos públicos en 245.854 euros y destacó, entre otras irregularidades, que “los denunciados efectuaron anotaciones ficticias en el Libro Mayor de la mercantil de pagos en efectivo y transferencias a la Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz por importe de 105.405 euros que realmente no se efectuaron”.

Al informe policial del Grupo de Delitos Económicos y Blaqueo de Capitales de abril de 2017 hay que sumar dos auditorias ordenadas por el Ayuntamiento de Caravaca -del cual dependía Caravaca Jubilar- y un informe de la Intervención Municipal de fiscalización del ejercicio 2014 de la citada sociedad mercantil donde advirtieron de “gravísimas irregularidades contables” por parte María Marín Salinas y Juan Rigabert durante su etapa al frente de Caravaca Jubilar.

La denuncia de Domingo Aranda y el informe de interventor municipal provocó que el ex gerente de Caravaca Jubilar, Juan Rigabert les denunciase y acusara de un delito de falsedad documental que la Audiencia Provincial sobreseyó y archivó en 2017.

CARAVACA JUBILAR SA se constituyó como sociedad anónima unipersonal en octubre de 1999, con un capital social de 60.000 euros suscrito íntegramente por el Consorcio Agencia para el Desarrollo de la Comarca del Noroeste, consorcio hoy extinguido y que tuvo la consideración de entidad pública dependiente de la Comunidad Autónoma, con la que se consolidaba presupuestariamente. En diciembre de 2013, el Ayuntamiento de Caravaca adquirió la totalidad de las acciones de la sociedad Caravaca Jubilar SA creada para gestionar los museos de la ciudad.

La candidata del PP a la alcaldía de Calasparra, María Marín Salinas, que se negó a declarar ante el juez cuando fue citada asistida de letrado, ha declarado hoy a Onda Cero que está "muy tranquila y convencida de que la causa se acabará archivando". Preguntada por el informe del Grupo de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional al que ha tenido acceso Onda Cero, María Marín ha dicho que lo desconoce "porque no ha sido notificado a las partes", aunque el citado informe está fechado en abril de 2017.