"Me trataron como un trozo de carne del que debían sacar otro. Peor que a un animal"

Hace cinco años, María se vio obligada a abortar ya que a los cinco meses de embarazo, los médicos diagnosticaron que su bebé padecía hidrocefalia bilateral severa con ausencia de cuerpo calloso. Nacería sin cerebro. María no fue intervenida en el hospital Virgen de la Arrixaca como esperaba sino que fue derivada a una de esas clínicas privadas donde asegura que fue sometida a un trato inhumano.

Tras varias horas de sufrimiento, fue finalmente sedada y llevada a una especie de quirófano donde logró ver un bidón metálico repleto se sábanas llenas de sangre junto a la camilla en la que fue sometida a una extracción mecánica del feto.

María no es la única que ha sufrido maltrato asistencial. Lucía, nombre figurado de otra mujer que tuvo que abortar porque su bebé venía con parálisis cerebral, fue derivada desde la Arrixaca a una clínica privada de Alicante donde no le pusieron anestesia y parió sola y de pie en un quirófano.

El SMS no practica Interrupciones Voluntarias del Embarazo en ningún centro hospitalario público de la región debido, según la consejería, a la declaración de objeción de conciencia de buen número de profesionales sanitarios implicados en dicho proceso asistencial. Aunque 31 ginecólogos de los 140 que trabajan para el SMS no se han pronunciado y podrían practicar esos procesos quirúrgicos según la Asociación de Usuarios de la Sanidad, la consejería no lo estima oportuno. Argumenta que afectaría a la planificación sanitaria del área 1 obligando a derivar a centros concertados otros procesos de mayor complejidad.

Todas las interrupciones son derivadas a clínicas privadas, dentro o fuera de la Región de Murcia. Incluso los abortos por razones médicas de más de 22 semanas debido a graves anomalías del feto son derivados pese a que la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo establece que la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros cualificados de la red sanitaria pública o vinculados a la misma y solo excepcionalmente serán derivados a centros acreditados.

En la región de Murcia, el SMS deriva a cinco clínicas privadas de Murcia Cartagena y Lorca “sobre los que no existe ningún tipo de control sobre la calidad del servicio que prestan al no existir ningún tipo de concierto o convenio” denuncia la presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad, Teresa Martín.

El Comité Clínico de Interrupción Voluntaria del Embarazo ha exigido en cinco ocasiones a la Consejería de Salud que lleve a cabo un concierto y nunca ha obtenido respuesta.

Hasta el pasado mes de mayo las mujeres derivadas a esas clínicas privadas debían pagar de su propio bolsillo –entre 90 y 100 euros- la sedación siendo como es inherente y necesaria en este tipo de intervenciones ya que no es concebible un acto quirúrgico sin ellas. Las mujeres sin recursos económicos no podían pagarla subraya Teresa Martín.

El grupo parlamentario Podemos acaba de registrar varias preguntas en la Asamblea Regional dirigidas a la consejería de Salud. Quieren saber qué tipo de vinculación jurídica existe entre el SMS y esos centros privados y si existe un seguimiento de la calidad de la asistencia sanitaria que se presta a las mujeres que son derivadas.

Las clínicas privadas a las que el SMS deriva a las mujeres para interrumpir sus embarazos, han atendido a 30.935 mujeres entre 2010 y 2017 y cobran entre 347 y 1.429 euros por cada interrupción del embarazo. 1554 del total de interrupciones realizadas durante esos años se debieron a causas médicas y también se realizaron en centros extrahospitalarios.

Desde el año pasado, el Servicio Murciano de Salud tiene redactado un borrador de concierto para sacar a contratación pública del servicio para la Interrupción Voluntaria del Embarazo por un importe total de 4.187.000 euros durante cuatro años. Nadie entiende los motivos por los que no lo llevado aún a Consejo de Gobierno.

La Asociación de Usuarios de la Sanidad en la región de Murcia denunciará el caso ante la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad para que adopten medidas ya que la ley de 2010 dice claramente que "“el Estado ejercerá la Alta Inspección como función de garantía y verificación del cumplimiento efectivo de los derechos y prestaciones reconocidas en esta Ley en todo el Sistema Nacional de Salud”.