La Consejería de Agricultura redactó una guía de interpretación de la Ley de Medidas Urgentes que facilita su incumplimiento por parte de los agricultores

Según ese documento, los agricultores, por ejemplo, pueden seguir cultivando a favor de pendiente hacia el Mar Menor o apilar estiércol durante más de 72 horas y exime a los invernaderos con cubierta de plástico de plantar setos vegetales al entender esa guía que en los invernaderos “no se producen arrastres de suelo ni escorrentías por el efecto de la lluvia, ya que la cubierta plástica impide la misma”.

El documento, al que ha tenido acceso Onda Cero, lleva por título “Guía de Interpretación de las Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad Ambiental en el Entorno del Mar Menor, recogidas en el capítulo II de la Ley 1/2018, de 7 de febrero y aplicables a las explotaciones agrarias. El documento, que no está avalado por los servicios jurídicos de la consejería y carece de firma, está fechado en febrero de 2019 (era consejero Miguel Ángel del Amor) justo cuando entraron en vigor las medidas de la citada Ley en la denominada Área I, la más cercana al Mar Menor.

Según han relatado a Onda Cero funcionarios de la consejería de Agricultura que prefieren permanecer en el anonimato por miedo a represalias, el documento de 16 páginas interpreta un total de 13 artículos de la ley, aunque las interpretaciones de las leyes corresponden exclusivamente a los tribunales de justicia. “No compete a la consejería interpretar cómo debe aplicarse una ley sino velar por su cumplimiento. Ese documento es un auténtico despropósito” dicen indignados con la manera de proceder de la dirección general de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El artículo 5 de laboreo del suelo y erosión de la Ley prohíbe expresamente el laboreo y cultivo a favor de pendiente, pero el documento que los agricultores están mostrando a los agentes medioambientales con membrete de la consejería de Agricultura interpreta que “se considera recinto SIGPAC llano o de muy poca pendiente aquel cuya pendiente sea igual o inferior al 2%. Los funcionarios han explicado a Onda Cero que “dado que el entorno del Mar Menor es bastante llano, casi ninguna parcela supera ese 2% y, por tanto, los agricultores no se sienten obligados a dejar de cultivar a favor de pendiente con ese documento de la consejería de Agricultura. Se sienten respaldados y por eso casi ninguna empresa cumple en el entorno del Mar Menor". Según los funcionarios de Agricultura consultados por Onda Cero “muy pocas empresas agrarias del campo de Cartagena están cumpliendo la Ley de Medidas Urgentes pese a ser una ley de mínimos que se queda muy corta”.

El artículo 7 prohíbe el apilamiento temporal de estiércol por un periodo superior a las 72 horas, pero la Consejería de Agricultura interpreta según ese documento que “el apilamiento del material orgánico podrá ser superior a las 72 horas establecidas, por causa mayor, cuando se den episodios de vientos superiores a 3m/s continuos durante varios días”.

El artículo 9 dirigido a medidas para la reducción de la contaminación difusa agraria establece que será obligatorio destinar el 5% de la superficie de cada explotación agraria a sistemas de retención de nutrientes con objeto de reducir la contaminación difusa agraria como filtros verdes o setos de vegetación autóctona. El documento al que ha tenido acceso Onda Cero y esgrimen los agricultores, interpreta que también podrán computar los caminos de tierra o asfaltados.

Desde 2017 que se aprobó el decreto ley de medidas urgentes tras la primera sopa verde en el Mar Menor, la consejería de Agricultura ha realizado un total 226 inspecciones en el campo de Cartagena y solo 13 han terminado en procedimiento sancionador, al parecer, no se ha impuesto ninguna multa. El resto de expedientes han sido archivados "una vez subsanadas las deficiencias o incumplimientos" según datos aportados por la propia consejería de Agricultura pese a que persisten la malas prácticas agrícolas en el campo de Cartagena y entorno del Mar Menor según denuncian las organizaciones ecologistas y grupos políticos en la oposición que de, de forma reiterada, piden al gobierno regional "el cumplimiento estricto de las leyes medioambientales".

La Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente ha explicado a preguntas de Onda Cero que “el objeto de la guía emitida por la consejería, a raíz de las dudas surgidas inicialmente, fue el de facilitar a los inspectores de la consejería la aplicación de la Ley en base a criterios homogéneos y objetivos que aseguren su cumplimiento” y añade que “estuvo avalada por la UPCT, el IMIDA y el CIFEA de Torre Pacheco”. Según la consejería de Agricultura "este tipo de guías es habitual para explicar la aplicación y el desarrollo de la norma a quien tiene que aplicarla".

Las organizaciones agrarias junto al PP y al gobierno regional se opusieron de forma numantina a la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor publicada en el BORM en febrero de 2018. El PP votó en contra y el presidente Fernando López Miras llegó a decir que "era una estocada de muerte al campo de Cartagena" aunque recogía buena parte de las recomendaciones del comité científico. Curiosamente, a los cuatro días de las elecciones del pasado 26 de mayo, COAG y FECOAM registraron una proposición de ley en la Asamblea Regional -la primera iniciativa de la X legislatura que entró en el Parlamento- para modificar la Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor porque dicen que "perjudica gravemente al sector agrario de la comarca de Cartagena y contiene medidas que,dicen, no contribuyen a la mejora ambiental del Mar Menor como la plantación de setos vegetales o la prohibición de fertilizantes de alta solubilidad.