Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condena al Concello de Ourense a pagar 6.701,32 euros por una sanción de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), por vertidos no autorizados, además de imponer 1.000 euros en concepto de costas judiciales, y del tuvo conocimiento la Junta de Gobierno Local.
El alto tribunal gallego desestimó, de esta forma, el recurso presentado por el Concello contra la resolución del organismo de cuenca, en marzo de 2013, por el que se resolvía imponer una sanción como responsable de una infracción tipificada en el articulo 116.3 de la Ley de Aguas, de 6.701 euros.
Con anterioridad, por parte del Concello se había interpuesto recurso contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por vertidos sin autorización, en este caso de reposición, en mayo de 2013, y que fue resuelto por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en diciembre de ese mismo año, estimando parcialmente el mismo variando la calificación de la infracción de grave a menos grave, rebajando, por lo tanto, la sanción impuesta a la cantidad de 6.010,12 euros.
Así las cosas, el pasado año fue especialmente negativo para el Concello en lo que se refiere a incumplimientos ambientales, todos ellos relacionados con vertidos a los río Miño y Barbaña, ya que a la cifra inicial de casi 160.000 euros en materia de sanciones y daños, se le viene a sumar los más de 6.700 euros por otro y que estaba pendiente de la resolución del TSXG. A las que se le tiene que añadir los 1.000 euros en concepto de costas judiciales.
Una "sangría"
Una vez se tuvo conocimiento de la sentencia, desde el Partido Popular se aludió a que "estamos ante una sangría de sanciones" a las que debe hacer frente el Concello, y que viene a revelar la "nefasta gestión" que en este asunto lleva a cabo el grupo de gobierno socialista.
De ahí que, ante la importante cuantía económica, y lo que pueda llegar en el futuro, ya que son conocedores de que se incoaron otros expedientes que se están tramitando y pendientes de resolución, los populares reclaman medidas inmediatas para dar respuesta al tema de los vertidos y los incumplimientos en materia de autorización.
