La reforma y humanización de la calle Bedoya de Ourense iniciada en 2008, cuando el gobierno era un bipartito con reparto de poder entre PSOE y BNG, se ha cobrado, más de cinco años después, las primeras imputaciones en la investigación abierta por una denuncia de Democracia Ourense, sobre indicios de prevaricación, tráfico de influencias y sobornos. Las diligencias previas se tramitan por el primero. El exconcejal de Infraestructuras del BNG, Andrés García Mata, -que sería teniente de alcalde después hasta su dimisión por el caso de los paneles del que salió absuelto- y el asesor jurídico jefe del Concello de Ourense, Luis Tros, responsable además del servicio de Contratación, declararon en los últimos días con categoría de imputados.
El político como presidente y el funcionario como vocal formaban parte de la mesa constituida en octubre de 2008 para estudiar las ofertas de las empresas. En solo diez minutos el órgano de apertura de plicas resolvió. Las tres que concurrieron eran mercantiles vinculadas a la constructora ourensana OCA, la segunda en volumen de negocio. La firma fue la adjudicataria por algo menos de 593.000 euros, con la propuesta económica más baja, algo menos de 30.000 euros por debajo del presupuesto base. Uno de los directivos de la empresa ocupó, en las municipales de 2011, el número 14 en la candidatura del PSOE en Ourense.
El nacionalista, exonerado en 2012 en el caso de los paneles que lo apartó de la política -no tardó ni un día en dimitir para no dañar al BNG-, confirmó ayer su interrogatorio, sin entrar en el contenido. "Es un tema en el que no tengo nada que ocultar, que está investigando la justicia y punto". Su abogado negó irregularidades más allá, concedió, de errores administrativos. "Ninguna empresa recurrió ni fue impugnado el acto administrativo", aduce, La defensa pedirá "esta semana o la próxima" el archivo de la imputación. Se pregunta, además, si los hechos, en caso de que fueran delictivos, no se encontrarían ya prescritos.
García Mata fue presuntamente advertido de que el procedimiento elegido para adjudicar la obra, un negociado sin publicidad por la vía de urgencia, no era el conveniente. Se lo habría manifestado el propio asesor jurídico, según la declaración de este último. Sobre la versión de Tros, la defensa del nacionalista objeta que no existe "ningún documento al respecto ni paralizó el expediente".
DO aludió en su denuncia a la ley 30/2007, que reserva para un "motivo imprevisible", como una catástrofe natural, el trámite escogido. Además, el interventor, que compareció en esta investigación como testigo junto a otros funcionarios, había formulado reparos.
Según plasmó entonces, era preciso un informe específico de la asesoría jurídica y de su propio departamento. En las objeciones determinó que la urgencia que el Concello alegó para no perder una subvención, no procedía "por la existencia de plazos breves de justificación" de ayudas. El interventor municipal señaló la "inexistencia de informes que deberían obrar en el expediente".
La junta de gobierno local
La causa en fase de instrucción continúa explorando el alcance de las decisiones políticas. La obra de Bedoya fue validada por una junta de gobierno local de septiembre de 2008 de la que formaban parte políticos ya retirados pero también en activo como el actual alcalde, Agustín Fernández -entonces edil de Hacienda-, o sus números dos Marga Martín y Áurea Soto, ya imputadas en otras causas.
El juez pidió los nombres de todos los asistentes como una de las primeras pruebas documentales. El punto de Bedoya no estaba en el orden del día. La adjudicación y comienzo de las obras, que duraron el doble de lo comprometido en la oferta, 8 meses, se sucedieron con celeridad. Antes incluso del acuerdo de contratación se colocaron vallas y señales. El juez también investiga los modificados de la obra y el importe final que fue abonado a la empresa OCA.
"Se instrumenta mucho la justicia desde el ámbito político para desgastar a los gobiernos", afirmó ayer el alcalde, Agustín Fernández (PSdeG), con una vorágine de investigaciones judiciales sobre su frágil gobierno.
