"El carácter de imputados no supone más que un llamamiento con todas las garantías". Tras el último aldabonazo de los jueces, el gobierno de Ourense se sirvió ayer del propio auto del magistrado Antonio Piña, que a finales de mes interrogará al núcleo duro del ejecutivo -el alcalde, Agustín Fernández, y las tenientes Marga Martín y Áurea Soto-, para rebajar el alcance de su citación como imputados. "Sin declaración de responsabilidad criminal", leyó el edil José Ángel Vázquez Barquero. El portavoz y la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, que elevó a 4 sus imputaciones tras la llamada en bloque de la junta de gobierno por la adjudicación a dedo en 2008 de las obras de la calle Bedoya, fueron ayer la cara del ejecutivo. El regidor del PSdeG, que a primera hora recibió a ediles y cargos afines del sector paquista, evitó comparecer ante los medios y esquivó la agenda oficial. Estaba en el despacho contiguo de Alcaldía. "El portavoz soy yo y es a quien me corresponde hablar", fue la contestación de Barquero.
El gobierno del PSOE, en minoría y renqueante por la lucha intestina de sus dos familias, defiende que en la esfera política, nada de renuncias. "No existe ningún procedimiento criminal en contra de ningún imputado. En un Estado de Derecho no tiene sentido que alguien tenga que dimitir", zanjó el portavoz. El PSdeG no exige a sus cargos que renuncien hasta juicio.
Sobre el expediente investigado, los ediles invocaron no confundir una citación "con una condena" -Soto cree que el ámbito de discusión es el contencioso y reprochó a Democracia Ourensana por ir por lo penal 5 años después- y explicaron que el método de urgencia y sin publicidad se eligió para no perder una subvención de la Xunta de Galicia, y no constaron informes en contra de los técnicos ni advertencias de ilegalidad, pese a que el asesor jurídico - imputado por posible fraude y exacciones ilegales junto al exedil- y el interventor afirmaron al juez que advirtieron verbalmente al exedil de Obras del BNG, Andrés García Mata; él lo niega. Según el auto, los funcionarios informaron sobre "la ilegalidad del procedimiento que pretendía acoger al entender que el supuesto interés público en evitar la pérdida de una subvención no encontraba acomodo legal al imputarse el retraso a actos propios del órgano contratador". Los ediles que comparecieron ayer aseguran que no tuvieron constancia de ese aviso.
Áurea Soto, responsable actual de Infraestructuras y Contratación, subrayó ayer que en las tres juntas de gobierno a las que se llevó el expediente no había informe jurídico o técnico que mostrase desacuerdo con el procedimiento negociado, urgente y sin publicidad, que fue elegido. No se recurrió a un proceso de libre concurrencia "porque entiendo que el concelleiro (por Mata) tenía interés en no perder una subvención", dijo la concejala. Si bien el procedimiento negociado es posible para obras de menos de 1 millón de euros, el importe para la reforma de la céntrica calle Bedoya, 623.000 de base de licitación, hacía "inadmisible" tramitarlo sin publicidad, según indica el magistrado.
Sin control jurídico
Barquero y Soto obviaron que, según la investigación, no existieron informes de ningún tipo, ni en contra ni los exigidos: "Se carece de los preceptivos informes jurídicos y de la intervención, remitiéndose para su aprobación en la Junta de Gobierno", señala el auto en el que se apunta a un posible delito de prevaricación de los 9 políticos de PSOE y BNG -5 socialistas y 4 ex del Bloque- que asistieron a la reunión de gobierno de septiembre de 2008 en la que se aprobó la adjudicación de la reforma, por el trámite de urgencia, sin publicidad para dar cabida a otras empresas, y con la participación de tres firmas vinculadas a la adjudicataria, la constructora ourensana OCA, S.A. Un directivo ocupa el número 14 de la lista del PSOE. Será el próximo en acceder a la corporación si se produce una nueva salida en el grupo socialista. La mercantil fue elegida con una baja del 4,85 % respecto el precio de licitación por unos 563.000 euros. Se invitó a las tres empresas vinculadas y no a otras cualesquiera -sus tres representantes legales están imputados por supuesta concertación de alteración de precios en concurso público- porque así lo informó el servicio de Contratación, sin existir "alertas", según dijo Áurea Soto.
En el expediente de adjudicación de Bedoya, "puede haber errores y en la premura del concelleiro pudo haber errores, pero no mala fe". "Lo que sabemos es que no hubo advertencia". En la sesión de gobierno, apuntó la concejala se dirimían "100 asuntos" y los asistentes a la junta, ahora imputados en bloque, votaron la adjudicación porque "se trataba de no perder una subvención y entendíamos que se cumplían los requisitos legales". Según añadió, "el único interés era terminar las obras con mayor premura". OCA S.A. tardó 8 meses, el doble del plaoz prometido en su oferta.
El gabinete del Concello distribuyó más tarde una fe de errores admitiendo, tras negativas ante la prensa, que el interventor sí formuló reparos al pago de las obras, "con posterioridad a su finalización, en un momento muy alejado en el tiempo al proceso de adjudicación". El exalcalde implicado en la operación Pokemon, Francisco Rodríguez, -el primero en abrir la serie de interrogatorios por las obras de Bedoya- levantó las notas del funcionario mediante decretos.
