La ejecutiva gallega del PSdeG tuvo que encajar, en su reunión de ayer, otro revés judicial que afecta a uno de sus principales baluartes en el mapa local. La implicación de Agustín Fernández y de dos de sus tenientes de alcalde como miembros de la junta que en 2008 adjudicó las obras de Bedoya, reavivó el debate sobre el código ético y el momento adecuado de dimitir. La oposición aprovechó para tomar la palabra al secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, instándolo a apartar a los imputados en bloque de Ourense como pidió en el caso del procesamiento de siete ediles del PP en Santiago. "Que aplique aquí la misma medicina", instó el portavoz popular en As Burgas, Rosendo Fernández.
El PSOE fijó criterio en la conferencia política federal, celebrada en noviembre en Madrid. Ferraz exigirá a sus cargos que dimitan en caso de ser procesados y van a juicio. La secretaria de Organización del PSdeG, número dos del partido en Galicia, reafirmó ayer esta tesis. La organización echará a sus políticos si se sientan en el banquillo.
De momento, el regidor de Ourense y las ediles de Benestar Social y Urbanismo, Marga Martín y Áurea Soto, comparecerán como imputadas por la supuesta prevaricación de la junta local. El regidor, que en el pleno del viernes fijó su hipotética renuncia solo si es "condenado", afrontará su interrogatorio el 27 de marzo, el mismo día que Marga Martín, implicada ya en dos investigaciones. El día anterior, lo hará Áurea Soto.
El gobierno, habituado a las imputaciones y registros desde el trauma de la Pokemon que derrocó al exalcalde, respondía ayer a las citaciones del juez Piña con un comunicado. Agustín Fernández destacó la "normalidad" de un proceso de adjudicación que catalogó de "legal" y en el que, sostiene, "se guardó el principio de interés público". El socialista ofreció su "máximo respeto" a la justicia y una "total colaboración". Hace unos días, Agustín Fernández advertía del riesgo de "instrumentar a la justicia desde el ámbito político para desgastar a un gobierno".
En la misma nota, la edil de Urbanismo, Áurea Soto, cercada por tres imputaciones y una denuncia, y erigida por el regidor en una especie de "superconcejala" con múltiples competencias, subrayó que el procedimiento negociado, sin publicidad y por el trámite de urgencia, fue escogido y motivado por parte del servicio para no perder una subvención.
Áurea Soto miró a un reciente caso en las filas del PP como argumento. "El procedimiento nunca fue recurrido por ninguna de las empresas del sector, y se motivó en garantizar la cuantía de la subvención". Un argumento que, señala el gobierno local del PSOE, "fueron recogidos por el TSXG en la investigación al conselleiro Agustín Hernández (titular de Medio Ambiente e Infraestructuras) en un caso similar". Su causa fue archivada, enlaza el ejecutivo, "basándose en la defensa del interés público".
La oposición pide dimisiones
Democracia Ourensana, el partido independiente autor de la denuncia de Bedoya, de la gestión de ayuda a domicilio y de la Plaza de San Antonio, entre otras, intentará una moción de censura "para expulsar a este equipo de imputados". Su propósito es poner "la pelota en el tejado de PP y BNG", de los que sospecha harán primar, antes que un cambio por la gobernabilidad de la ciudad, "los intereses de partido".
El gobierno mantiene sus cimientos en arenas movedizas desde que el BNG optó por romper el bipartito a consecuencia de la Pokemon y limitarse a apoyar cuestiones puntuales que incluyan su programa. Los nacionalistas reúnen hoy a su consello local para abordar la nueva borrasca judicial que siembra de imputaciones al ejecutivo. Insisten en la solicitud de elecciones anticipadas y la disolución de la corporación local. No obstante, no propiciarán un cambio de gobierno antes de las elecciones municipales de mayo de 2015. "Esto es un sin vivir; por una parte tienen la obligación de gobernar, pero por otra pierden legitimidad", retrató el popular Rosendo Fernández.
