Tres de cada cuatro vulneraciones lingüísticas en la Comunitat Valenciana se producen en la Administración Pública, siendo el ámbito sanitario el que concentra la mayoría de estas, ya que aglutina el 50% del total de reclamaciones registradas por discriminación del valenciano en 2022.
Estas son algunas de las cifras extraídas del informe de 'Vulneraciones lingüísticas 2022', elaborado por Escola Valenciana, que recoge las denuncias sobre derechos lingüísticos en un año en el que, según apuntan, las quejas se han incrementado un 20% respecto a las registradas en 2021.
"La gente está perdiendo el miedo a denunciar cuando sufre una vulneración lingüística", ha señalado la representante de Escola Valenciana, María Nebot, quien, a pesar de ello, ha remarcado que "hay muchas vulneraciones invisibilizadas que no se denuncian y que, además, no se perciben como vulneraciones".
El informe ha sido presentado este viernes en la puerta de la Conselleria de Educació, donde Escola y diferentes entidades han conmemorado el Dia dels Drets Lingüístics en el País Valencià.
Por segundo año consecutivo, el 75% de las quejas por discriminación lingüística se producen en las administraciones públicas valencianas, ya sea en los ayuntamientos, universidades, diputaciones, mancomunidades, empresas públicas, consellerias, ministerios o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
En este sentido, y a nivel geográfico, las administraciones donde más quejas se han producido, según Escola, son la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
SANIDAD Y EL REQUISITO LINGÜÍSTICO
Según los datos de Escola Valenciana, el ámbito sanitario destaca como el área donde más vulneraciones de los derechos lingüísticos se producen y, concretamente, son los centros de salud y los hospitales los espacios donde se registran una de cada dos denuncias de este tipo.
Por esta razón, la entidad considera que este ámbito "debería de estar dentro del requisito" lingüístico de la ley de Función Pública. En este sentido, Nebot ha reiterado que la propuesta de aplicación del requisito presentada por la Generalitat es "insuficiente, discriminatoria y una oportunidad perdida".
