Sobreseída la denuncia contra el alcalde de Crevillent por la planta de tratamiento de residuos

El alcalde de Crevillent, César Augusto Asencio (PP), declaró judicialmente en calidad de investigado el pasado mes de diciembre en relación al contrato de la planta de tratamiento de residuos de la localidad, que explota la empresa Abornasa.

La declaración se produjo a raíz que la magistrada titular del juzgado de Elche admitiera a trámite la querella interpuesta por el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción (OCC) que acusaba al regidor crevillentino de un supuesto delito de prevaricación administrativa, otro de exacciones ilegales y un tercero contra el medio ambiente.

Ahora, la jueza ha dictado el sobreseimiento provisional de la causa.

En un auto de 15 folios, la resolución rechaza argumentos planteados por la entidad demandante para atribuir a Cesar Augusto Asencio el delito de prevaricación administrativa dado que, según sostiene la resolución, no se dan los requisitos necesarios para ello.

Asimismo, respecto al hecho de que el interventor municipal del Ayuntamiento de Crevillent, emitió notas de objeción respecto al contrato de la planta de tratamiento de residuos, la sentencia destaca que las mismas comenzaron a producirse coincidiendo en el tiempo con “la discrepancia mantenida” por el interventor con el alcalde de la localidad, subrayando que hasta ese momento no se habían conocido esas objeciones y calificando las mismas como un cambio de criterio del interventor municipal.

“La finalidad a la que ha de estar dirigida la instrucción penal es la de averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos, que no de las supuestas irregularidades administrativas pretendidas por el señor Interventor Municipal cuya declaración cabe poner en entredicho”, recoge la resolución judicial que concreta por ello que “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”.

Antecedentes

La investigación judicial se inició en marzo de 2015 por una denuncia previa de Esquerra Unida (EU) y persigue esclarecer si se cometieron delitos de prevaricación y contra el medio ambiente en la adjudicación del contrato para el tratamiento de residuos y el desarrollo de esta actividad.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Elche declaró ilegal la planta de Abornasa tras determinar que se ubicaba en un suelo de especial protección por estar catalogado como parque natural, en el paraje de El Hondo, y que el contrato se había adjudicado sin la preceptiva autorización ambiental.

En este sentido, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anula esa resolución al determinar que el suelo de la planta "no está protegido, como defendían los informes del Ayuntamiento.