La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) reclama al Gobierno central y a la Generalitat Valenciana que pongan en marcha medidas de "carácter extraordinario y urgente" para estabilizar el mercado del vino y frenar así el actual hundimiento de los precios en origen.
Esta demanda, que también se lanza desde otras organizaciones de Asaja, toma fuerza después de que la Comisión Europea "haya favorecido la posibilidad a los Estados miembros de activar medidas sobre el sector vitivinícola", según ha explicado la asociación en un comunicado.
A pesar del aumento del consumo doméstico de vino, las restricciones del canal Horeca ocasionadas por la Covid-19 están reduciendo las ventas y ello se ha traducido en una "profunda apatía" del mercado vitivinícola valenciano y en un desplome de las cotizaciones en origen que oscilan entre el 25 y el 30%, según variedades, en comparación con las percibidas en las mismas fechas del año pasado, que ya eran negativas, detalla la organización.
Según estimaciones de AVA-Asaja, las pérdidas que soportarán los viticultores de la Comunitat Valenciana superarán "con creces" los 20 millones de euros durante la presente campaña "si las administraciones no aplican soluciones".
La principal reivindicación que pide AVA-Asaja es la activación "inmediata" de la destilación a través de un presupuesto a parte del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE), a fin de restar excedentes de uvas en las bodegas ante los próximos meses y para afrontar el inicio de la siguiente vendimia en unas mejores condiciones comerciales.
Los otros países europeos líderes en producción de vino -Francia e Italia- ya se han posicionado respecto a una destilación de crisis que atenúe el impacto económico de la pandemia, explica AVA-Asaja, que también solicita que las administraciones hagan cumplir las normativas nacionales y autonómicas vigentes en defensa de los viticultores.
Por un lado, critica que la reciente reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria no se está aplicando para garantizar el cumplimento de los contratos de compraventa, en especial la obligación de percibir unos precios que cubran los costes de producción. Por otro lado, la organización agraria pide la puesta en marcha de la Ley de la Viña y el Vino para recoger además el control de la producción y sancionar las infracciones.
