Los activistas del movimiento vecinal de Alicante José María Hernández y José Luis Valdés han presentado ante la Fiscalía de Alicante un escrito de ampliación de la denuncia presentada el pasado 27 de enero para solicitar que el ministerio público tomara cartas en el asunto de los cargos públicos que fueron vacunados contra la Covid-19 sin pertenecer a grupos prioritarios. No aportaron nombres pero en la mente de todos estaban los alcaldes y concejales del PSOE y del PP de varios municipios de la provincia.
El fiscal-jefe, Jorge Rabasa, dictó la apertura de diligencias preliminares para estudiar caso por caso lo ocurrido. En la ampliación de la demanda, Hernández y Valdés, señalan que han conocido por los medios de comunicación "que hay grupos de personas que no son cargos políticos y que se han aprovechado también de los puestos de relevancia que ocupan en nuestra sociedad; que han variado los listados de vacunación que estaban bajo su responsabilidad por cesión de la consellería de Sanidad, para incluirse ellos y otros cargos similares e, incluso, familiares".
Tampoco dan nombres pero acompañan a la ampliación de la demanda una noticia del diario Información que revela que “la hermana y el cuñado del obispo se vacunaron con él en la Casa Sacerdotal”; unos pocos días antes habíamos conocido que el obispo de la Diócesis también había recibido la vacuna.
En todos los casos, los dirigentes vecinales quieren que se depuren responsabilidades por si se hubiera cometido algún delito.
