Tanto la alcaldesa Ada Colau como los concejales Marc Serra y Lucía Martín están investigados por los delitos de coacción y prevaricación. Se les acusa de haber amenazado al fondo de inversión inmobiliaria Vauras con no concederle licencias de obras si no destinaban pisos para alquiler social. Tras su declaración, Colau ha negado haber dado indicaciones a los servicios municipales para que sancionaran a este fondo y se ha mostrado confiada en que "la causa quede en nada".
La Audiencia de Barcelona reabrió la causa
Los hechos que se están investigando se remontan al 2020 cuando el fondo Vauras interpuso una querella contra la alcaldesa y los citados concejales por una sanción aprobada en el 2019 que el ayuntamiento de Barcelona justificaba por un incumplimiento de la normativa vigente. La querella fue archivada en primera instancia pero en abril del 2022 la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir la causa.
Colau acusa a Calviño de ser "la portavoz" del lobby inmobiliario
En la rueda de prensa posterior a su comparencia ante la justicia, Ada Colau ha explicado que no está preocupada "personalmente" por este tema pero sí desde el punto de vista político. Según Colau, la solución al problema de la vivienda es la ley estatal que está "paralizada" en el Congreso. En este sentido, la alcaldesa de Barcelona ha acusado a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño de ser "la portavoz de los lobbies inmobiliarios" y de "intentar augar" esta ley. En esta línea, Colau también ha asegurado que el ex alcalde socialista y actual presidente de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), Joan Clos, es el "portavoz designado explícito de las grandes inmobiliarias que quieren parar esta ley". Esta mañana, en una entrevista a Más de Uno de Onda Cero, Clos ha reclamado a Podemos que vean en los propietarios un colaborador necesario para afrontar el problema de la vivienda.
