El Tribunal Superior de Justicia de Baleares avala que el catalán se exija en la administración pública

La resolución judicial responde así a un recurso interpuesto por el sindicato USO contra un Decreto aprobado por el Govern en 2008 que regula la exigencia de conocimientos del catalán en el acceso a la función pública.Las primeras valoraciones políticas no han tardado en llegar.Desde el PP balear,su secretario general, Miquel Ramis  concluye en Onda Cero que “la sentencia nos viene a dar la razón” y en este sentido “vamos a cambiar la normas en el Parlament balear para que sea un mérito y no un requisito”.
Pero la sentecia considera que la exigencia de conocimientos del catalán es “plenamente constitucional” y eliminarlo supondría “un retroceso natural del proceso de normalización lingüística” en baleares.Por esta razón, desde los grupos de izquierdas,el portavoz del grupo del PSM-IV-EXM,Biel Barceló,se felicitaba por esta sentencia y apostillaba que “refuerza el posicionamiento de defensa de nuestra lengua”.La setencia va más allá y apunta que de eliminarse este decreto supondría "un retroceso natural del proceso de normalización lingüística en que nos encontramos".En cualquier caso,para Barceló se “deja bien claro que la demanda no iba en contra de la Ley de Normalización Lingüística de 1986,sino en contra del Estatuto de Autonomía”.