A raíz del caso de prostitución relacionado con menores tuteladas pro el Principado, la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, y las direcciones de los centros de acogimiento residencial de menores de Asturias, tanto públicos como concertados, acuerdan, por unanimidad, que conviene hacer una intervención. El planteamiento, afirma la consejera de Derechos Sociales, es reforzar la confianza de los menores en este tipo de situaciones: "Por una parte, hemos hablado de cómo están los niños y niñas que viven en todos los centros de acogimiento residencial. De igual manera hemos acordado, por unanimidad ,que esto conviene hacer una intervención justamente y el planteamiento, como no podía ser de otra manera, es reforzar la confianza de los niños en denunciar este tipo de situaciones".
Una reunión que concluyó con la revisión de protocolos de coordinación con la policía en el tema de las fugas, coordinación con salud, cuando se hacen también igual notificaciones de problemas y con el contexto escolar. "Tenemos propuestas que haremos en su momento a cada una de las de los sistemas y de las la policía, en este caso concreto, para mejorar la nuestra coordinación". En lo que se refiere al personal, Mata del Arco habla de la necesidad de mantener una formación continua: "Hemos hablado por volver a reeditar el curso que se dio después del COVID sobre navegación. Riesgos de la de la red también hemos constatado que esta situación de vulnerabilidad de la adolescencia en general y de cómo en niños de los centros de acogimiento residencial y niños que viven en sus casas están teniendo riesgos con ciertas aplicaciones. La consejera ha hablado del peligro de la figura del Sugar Day, "en el que los las adolescentes entienden que bueno, que hay gente mayor, que las quiere, que las cuida, que les da dinero". Sin embargo, descarta la prohibición de los móviles en los centros tutelados: "Creo que es poner puertas al mar. Yo creo que la prohibición para un adolescente es un un reto. Además, el Gobierno de España ha formado un grupo de expertos para ver de qué manera se puede regular el el los peligros de la de la red. El tema va más allá de las prohibiciones o no, que en el caso concreto de los niños de los centros está bastante limitado su uso".
"NO ME ARREPIENTO DE NADA"
Sobre la frase que utilizó la consejera al referirse al caso de las menores tuteladas, muy cuestionada por PP y Vox, del Arco afirma "no" arrepentirse "de nada". Más bien sostiene que no se entendió lo que dijo: "No tengo ningún inconveniente en decir que cuando me refería a esa famosa frase estaba hablando de que hay en el contexto familiar gente que agrede a los niños, que hay gente en el contexto escolar, que agrede a los niños, que hay gente en el contexto de la Iglesia, que agrede a los niños, que hay gente en la calle que agrede a los niños, que hay gente que en bares conocidos, con hombres y apellidos y que se han puesto en conocimiento.
De la policía y lo saben, se agrede a los niños, eso es lo que quería decir y yo creo que malinterpretar esa cuestión de es la vida que nos está tocando vivir como adultos y como niños. Para ello supone un riesgo tremendo, un riesgo tremendo, porque además, la percepción del riesgo para un adolescente es una percepción muy lejana para nuestro mundo. Se creen que pueden con todo, se creen que no les puede pasar nada. Eso a los adolescentes. En cualquier manual de Psicología evolutiva se puede ver que son características, no, este es un caso concreto de mujer y víctima de violencia, a la que se suma en nuestro caso la vulnerabilidad por las historias previas, pero es un caso de género de mujer de violencia contra ellas".
La misma contundencia muestra la consejera ante las dudas de la oposición sobre su actuación y sobre la duda en la confianza que han sembrado los grupos de la oposición. No es una cuestión de confianza, asegura, si no de coordinación: "Estamos hablando de protección de menores y de tutela. Nosotros tutelamos cuando las necesidades de los niños y de las niñas no son debidamente cubiertas. Y nuestro primer objetivo, cuando asumimos una medida de protección, porque además de decir lo dice la ley, es intentar que el niño vuelva a su medio familiar de origen. De acuerdo. Entonces, cuando hay reconocimiento del problema y motivación para el cambio, se ponen a disposición de las familias, en todos los casos, equipos especializados que pueden trabajar la reincorporación familiar de sus hijos y de sus hijas.
Una cuestión de trabajo coordinado, con un objetivo común: "Que las familias recuperen a sus hijos. En otro orden de cosas, creo que es imprescindible seguir poniendo el ojo en los programas de prevención y de preservación familiar, que es donde estamos haciendo un gran esfuerzo para que los niños y niñas puedan mantenerse en sus entornos socio familiares con las mayores".
En su caso, no se plantea dimitir: "Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y lo vamos a seguir haciendo con todo el compromiso de todas las direcciones de los centros de menores. Cuando haya un indicador, cuando haya una sospecha de cualquier tipo de maltrato hacia nuestros menores con medidas de protección, vamos a seguir visibilizándolo. Es lo que hay que hacer con los niños y las niñas que sepan que se tienen que sentir seguros para decir no, para decir basta y para decir a su vínculo de a su vínculo, a la persona a la que realmente se siente referenciado.
POSIBLES FALLOS
El sistema, de todas formas, siempre se puede mejorar y del Arco es consciente de ello: "Desde que implantamos el nuevo modelo de atención en los centros en febrero del 2023, establecimos un proceso de evaluación continua, no con las reuniones de con los directores y directoras de los centros. No. ¿Por qué? Porque siempre se tiene que mejorar y se debe mejorar. Así lo dije. Es nuestra obligación mejorar en la atención de los niños y de las niñas. ¿Entonces, fallos, mejoras? Yo creo que sí son necesarias mejoras. Por ejemplo, los protocolos de de coordinación con la policía en casos de de nuestras denuncias por fuga, porque el protocolo que parte de la Policía Nacional yo creo que debemos llegar a afinar más entre ambos dos".
DIMISIÓN
El Grupo Parlamentario de Vox en la Junta General pide la dimisión de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco, y su equipo por "dejación de funciones" en la tutela de las cinco menores que han sido víctimas de agresión sexual fuera de los centros de acogimiento en los que residían, por lo que diez hombres --uno de ellos en prisión preventiva-- por presuntos delitos de agresión sexual, prostitución, grupo criminal y corrupción de menores.
Así lo ha indicado en rueda de prensa en sede parlamentaria la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, acompañada por el también diputado Javier Jové y el abogado de otra menor tutelada por el Principado Mario Díaz. Para la parlamentaria, la Consejería ha tratado de "esconderse tras la denuncia" de su "inoperancia e incapacidad".
"La denuncia que han presentado no es más que la evidencia de un fracaso", sostiene Álvarez Rouco, afirmando que desde la administración autonómica "propiciaron el desastre y luego lo denuncian".
En ese sentido, pide la dimisión de la consejera y todos los que han participado "en un sistema de partición fallido". "¿Qué padres van a aceptar que los servicios sociales sean más capaces que ellos de velar por el bienestar de sus hijos?", se ha preguntado Álvarez Rouco, para añadir que se trata de un "escándalo" que "no puede quedar sin responsables".
Junto a los diputados de Vox ha comparecido ante los medios, Mario Díaz, como abogado de otra menor tutelada que el año pasado sufrió una agresión sexual fuera de su centro.
Ha dicho que prevé presentar el lunes acciones contra el Principado por "un delito claro de abandono de menores" y verá si también por vulneración de "derechos humanos fundamentales" por las condiciones en el centro de menores.
Cree que existen "problemáticas comunes al sistema" y habla de "obstáculos y zancadillas" del Principado a su labor, a la vez que ha afirmado que la administración no se había personado en la causa y lo hizo "después" de que en abril existiera una orden que le permitió poder ver a su clienta.
Díaz, que ha incidido en que no tiene "ninguna vinculación" con Vox, ha relatado que su clienta se encuentra en un centro cerrado, le localizó en marzo a través de Internet y solicitó su defensa a través de un acta notarial.
