La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha presentado el informe sobre Infancia y Adolescencia 2024, que se centra especialmente en los niños y adolescentes vulnerables. Actualmente, 1.800 son atendidos por el sistema de protección de Aragón a través de diferentes recursos. Tras hacer inspecciones en los 28 centros de acogida, se ha constatado falta de personal educativo o déficit en la atención psicológica.
Para revertir estas carencias, el Justiciazgo sugiere la implantación del Grado de Educación Social en la Universidad o potenciar los acogimientos familiares no preadoptivos. El asesor de Servicios Sociales, Samuel Fau, advierte de las consecuencias que tiene para los menores internados la falta de personal en estos centros. Las dificultades que afronta el personal provocan una “altísima rotación y un cambio casi constante del personal”. Hay dificultades para cubrir vacantes y bajas. Los menores vulnerables “tienen que cambiar constantemente de figuras de referencia”.
En el caso de algunos centros de reforma, la falta de personal genera sensación de inseguridad entre los trabajadores. La Justicia relativiza el problema porque en Aragón se detectan conflictos sólo de forma aislada. Eso sí, no descarta que sea necesaria la actualización de los protocolos de seguridad e incide en la preparación de los educadores.
Menores migrantes
Las inspecciones a centros de acogida han constatado que algunos de ellos están totalmente tensionados y que carecen de flexibilidad para adaptarse a las necesidades. Ante la posible llegada de más menores migrantes no acompañados, la Justicia ha instado a las distintas instituciones a coordinar la respuesta de forma racional. “Cuando existe un programa unitario, todo el mundo debe colaborar. Tanto la administración autonómica como la estatal”. “Un nivel determinado de ocupación o no, no impide una colaboración futura de acuerdo a los criterios que se fijen de racionalidad y de ampliación de las medidas que se pueden ofrecer”.
Pobreza
Del informe se desprende también que la tasa relativa de pobreza entre menores se situó en Aragón en 2024 en el 25%, frente al 29% de un año antes. Aun así, aumenta unas décimas la tasa AROPE, que tiene en cuenta no sólo los sueldos, sino también otras variables. El porcentaje de niños y adolescentes que viven en hogares que no pueden permitirse gastos imprevistos aumenta un 2% hasta situarse en el 35,8%.
En el documento, la Justicia también refleja datos demográficos que acentúan la diferencia en la prestación de servicios entre las provincias aragonesas y el descenso de la natalidad, e informa sobre las quejas recibidas de las familias aragonesas. Las más numerosas hacen referencia a la falta de pediatras (especialmente en Teruel), el mal estado de centros educativos o los problemas o demoras en la Atención Temprana a menores con discapacidad.
