Cuando Lorena y su marido se embarcaron en la compra de un piso como inversión de futuro, poco podían pensar que su ilusión se convertiría en pesadilla. En 2018 puso el piso en alquiler y una fundación sociolaboral contactó con ella para poner a disposición de una de sus usuarias la vivienda. La fundación se comprometió a pagar el alquiler porque formaba parte del proceso de inserción de la inquilina.
Apenas había pasado un año cuando Lorena dejó de percibir la renta comprometida sin previo aviso. Cuando después de muchas evasivas logró hablar con la persona responsable de la fundación, la única explicación que se le dio fue que dejaban de hacerse cargo de ese alquiler. Después intervinieron los servicios sociales municipales, que le exigieron una rebaja del alquiler para hacerse cargo de la situación; pero los pagos eran muy irregulares. Lorena cuenta que muchos meses no cobraba, hasta que finalmente también el Ayuntamiento se desentendió.
Desde entonces trata de recuperar su piso. La inquilina, que cobra una ayuda de más de 700 euros no tiene intención de pagar, aunque sí exige a Lorena que se haga cargo de las averías que se producen en el piso, amenazándola con denunciarla por acoso si no lo hace. Todo esto a pesar de que una sentencia judicial le dio la razón y ordenó el desalojo de la vivienda para enero de 2022. Sin embargo, el decreto que paralizó los desahucios por la pandemia sigue en vigor hasta el 30 de junio, y el lanzamiento no se puede efectuar. Lorena sólo pide que después de esa fecha se pueda ejecutar la sentencia, para arreglar el piso, que teme que encontrará el piso pésimas condiciones, para poder venderlo y olvidar esta pesadilla.
