La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla reabre la instrucción de este caso para llevar a cabo la práctica de pruebas ya admitidas y no llevadas a efecto.
Considera que no concurren elementos suficientes para decidir si ha existido una situación de descontrol y mala administración de las subvenciones concedidas que no supone asunto judicial.
O si es que realmente esa falta de control era conocida por sus responsables, los 24 investigados entre los que hay seis exaltos cargos de la Junta, y por lo tanto hubo mala gestión y comisión de delitos.
Por ello autoriza a la Guardia Civil a investigar los expedientes de los cursos de formación entre 2009 y 2012 y autoriza también a la juez instructora, María Núñez Bolaños, a realizar nuevas diligencias.
Hay que recordar que la misma magistrada fue denunciada ante el CGPJ la semana pasada por sus compañeros de la Fiscalía Anticorrupción que la acusan de entorpecer y retrasar este y otros casos de corruptelas.