La denegación de la ayuda pública hace prácticamente decaer el plan para que el fondo estadounidense Terramar aportara 200 millones de euros a cambio del 70% capital, ya que estaba vinculado a la inyección de dinero público.
Así, Abengoa queda abocada hacia el que puede ser uno de los mayores concursos de acreedores de la historia empresarial española, con un agujero de casi 6.000 millones de euros.
Ahora, la compañía, cuya matriz está en concurso desde febrero del año pasado, deberá optar por el marco de la Ley Concursal y decidir si amplia ese concurso al grupo o si distintas sociedades del mismo piden preconcurso y concurso.
Los trabajadores de Abengoa han reaccionado a la negativa oficial de rescate por parte de la SEPI asegurando que van a intensificar la presión hasta tener una solución que permita la supervivencia de la empresa, insistiendo en los 11.000 empleos en juego y apelando al compromiso que apuntan adquirió el Gobierno de encontrar una fórmula para su viabilidad hace más de un año.
