Érase una vez un presidente catalán, el valido Torra, que advertido de la enorme torpeza que es sugerir que en tus cárceles los condenados pueden ser ayudados a la fuga, recogió velas unas horas después y dijo que se le estaban atribuyendo afirmaciones que él no había hecho.
Fuck news, eso es, la versión Torra de las fake.
Cada vez que, después de aquello, se le preguntó a este presidente de pega sobre sus intenciones en caso de que sean condenadosJunqueras y compañía siempre dijo que él acudiría al Palament a proponer una respuesta. Buscando el burladero de la multitud parlamentaria —todos a una— para diluir la responsabilidad penal de entorpecer la ejecución de una sentencia.
¿Qué tenía en la cabeza Torra cuando decía todo aquello?
Hoy La Razón nos lo aclara. Ya que estamos en vísperas de Halloween, llamémoslo el truco de Torra. En Estados Unidos dicen eso de truco o trato. En Cataluña habrá que decir truco o Torra. Sabiendo que las dos opciones son la misma. El Torra-truco.
¿Y qué es el Torra-truco?
Pues la vía 100.2. Que tiene nombre de frecuencia de emisora de radio pero es un artículo de reglamento penitenciario que permitiría al gobierno catalán conceder el modo más suave de cumplimiento de la pena sin necesidad de esperar a que hayan cumplido la mitad de la condena. Este régimen, que no alcanza a ser un tercer grado, sí contempla la excarcelación siempre que los reclusos no sean peligrosos y hayan abonado la responsabilidad civil de su condena. Es decir, y traduciendo, que estaría en manos del gobierno catalán sacar de prisión, de facto, a los condenados sin que estos hayan cumplido no ya la condena, sino la mitad de la condena.Ésta es la baza que se reserva Torra para el caso de que sean condenados y se les permita cumplir la pena en cárceles catalanas. Donde, por otra parte, el líder de Esquerra Republicana ya tiene, como quien dice, despacho y donde despacha a diario con multitud de personas.
Por ejemplo, Pablo Calisto Iglesias, novio en todas las bodas y Celestina de sí mismo a la búsqueda de Melibeas. La gira de Iglesias on tour le llevó ayer a Vitoria a cortejar al lendakari Urkullu (que tampoco es que haga mucha falta porque Urkullu está por sostener a Sánchez hasta 2020 sin que Pablo se lo pida). Pero como Pablo trabaja para sí mismo, en lo que está en es alimentar esta imagen suya de negociador jefe y perejil de todas las salsas. Incluida la salsa vasca, que no es el pil-pil sino el nuevo estatuto de autonomía en el que Urkullu quiere introducir el concepto de la nación vasca y la relación bilateral con España. Y ahí es donde Iglesias acude a ofrecerse como socio. En el Congreso y en el Parlamento Vasco.
Hasta el cinco de noviembre no se curará el Supremo el tiro en el pie que se ha pegado él mismo con el bamboleo de las hipotecas. Si se lo cura.
Prolonga dos semanas más la incertidumbre que generó la sentencia de la semana pasada y que multiplicó el anuncio de que se suspendían los efectos hasta no reunir a los 31 jueces del pleno para unificar criterio. Primero se modificó la doctrina tradicional del Supremo sobre a quién corresponde pagar el impuesto de actos jurídicos, se dejó sin respuesta la pregunta de a qué contratos afecta, con qué antigüedad y donde hay que reclamar las devoluciones. Después se desató la confusión completa al sugerir que la sentencia iba a ser revisada a pesar de que es firme. Y terminó de rematarse la faena autodestructiva celebrando una cumbre de urgencia, a instancias del presidente del Supremo (Carlos Lemes, a quien le quedan dos telediarios en el cargo no por esto sino porque ya caduca) entre el presidente de la sala, Picazo, y los seis magistrados que firmaron el fallo de la semana pasada.
Por lo que se ha ido sabiendo, la sentencia se va a quedar como está. No puede cambiarse. Y los bancos van a tener que asumir el pago de ese impuesto. Lo que el cinco de noviembre se hará es acotar los efectos. Si el nuevo criterio es de ahora en adelante o hasta cuántos años atrás afecta. El viernes en el Supremo había vértigo por las consencuencias que la sentencia pudiera tener en la estabilidad de la banca. El lunes el vértigo era por aparecer ante la opinión pública como jueces vendidos a los intereses de los malvados bancos.
La ministra Calviño admitió ayer en el programa de Julia el primero de los vértigos. Hizo un alegato en favor de la seguridad jurídica y la eliminación de incertidumbres.
Mientras Calviño ensalzaba la seguridad jurídica y admitía lo delicada que es la situación que se ha creado (ayer volvieron a devaluarse los bancos en la bolsa, en perjuicio de los accionistas grandes y pequeños) su colega la señora Montero alardea del rejonazo fiscal que les va a meter a esos mismos bancos y les invita a celebrarlo también ellos por el tremendo beneficio moral que les va a procurar en su reputación dañada.
La doctrina Montero: ‘quien bien te quiere te hará tributar’.
