No ha habido Gobierno en la historia que al menos no anhelara controlar a los jueces. Esto va en la naturaleza del poder que es expansivo y gaseoso y tiende siempre a ocupar todo el volumen del recipiente. Esta es una ley física, pelearse con ella es como escupir al cielo y maldecir la ley de la gravedad..
Hay sin embargo en esta refriega de los poderes del Estado algo más preocupante… algo novedosamente preocupante, digamos… y es que antes estas pulsiones autoritarias se llevaban en secreto, de manera vergonzante. Hoy no. Hoy toda una ministra de Justicia se planta ante un prompter y lee una paciente crítica de una sentencia que afecta al Gobierno sin que asome el rubor a sus mejillas.
En tiempos, se popularizó aquella evasiva de «el gobierno no comenta las resoluciones judiciales». No se ha vuelto a escuchar. Ahora el gobierno no solo comenta, sino que cuestiona, contrasta, compara, contradice y completa las resoluciones judiciales sin que a nadie parezca preocuparle.
Pero el trabajo no solo es a posteriori, también hay un insidioso trabajo preparatorio que se conoce para escándalo… de nadie. Fíjate que el Gobierno ni siquiera ha considerado necesario desmentir, precisar o matizar las acusaciones directas de presionar al Tribunal Constitucional durante las deliberaciones de la sentencia.
¿Para qué desmentir un asunto de escándalo… para nadie? De hecho cabe preguntarse como el filósofo: Si hay un escándalo que a nadie escandaliza ¿se le puede considerar un escándalo?.
Concluyo que las asociaciones judiciales tienen motivo para la indignación, porque hay algo profundamente antidemocrático en esta sensación de asedio que el gobierno pretende transmitir. Quiero pensar que hubo un tiempo en que el sentimiento predominante tras una sentencia desfavorable era la vergüenza. Ya no, desde luego.
