Cuando se piensa una ley, la primera pregunta es si existe demanda social. Cuando los gobiernos rechazan una proposición de ley, suelen alegar que no existe demanda social. Por eso, lo primero que pensé al ver que Irene Montero ultima una norma que autoriza a las adolescentes de 16 años a abortar sin permiso de sus padres, indagué su demanda social.
Hasta donde supe, no figura entre las preocupaciones ciudadanas. No recuerdo manifestaciones que planteen esa demanda. Y no he leído ni oído ningún clamor en la prensa y en la radio generalista. Con lo cual, llego a la conclusión de que se trata de caprichos Montero que puede tener tres finalidades.
- Una, conectar con la legalidad socialista que ya lo intentó una vez.
- Dos, entender que la autorización de los padres es propia de mentalidades carcas, superadas por un ministerio progresista, uno de cuyos lemas preferidos ha sido que las chicas puedan volver a casa solas y borrachas.
- Y tres, abrir ahora ese frente para olvidar el caos Pegasus-CNI.
Me quedo con la segunda tesis: solas y borrachas frente a la carcundia nacional.
Planteo como duda por qué se incluye en la misma norma la baja por menstruación dolorosa, que sería un derecho laboral. Y no dejo de preguntarme por qué es el ministerio de Igualdad el que tiene que hacer esa ley.
Debe ser como homenaje a la líder de “Pussy Riot” que huyó de Putin. Pussy Riot, como saben, significa coños alborotados. Con confundir, carcas, con el ministerio de Igualdad.
