La decisión del gobierno de abanderar, como tú dices, acciones legales y políticas contra las agresiones sexuales de religiosos a menores es fruto de la presión social.
Todo comenzó como un movimiento mundial de denuncias que implicaron a curas, colegios, altos dignatarios y a papas por su tolerancia o su vista gorda. En España el escándalo se conoció por un goteo de casos personales que afloraron por la memoria, la pérdida del miedo y la necesidad de delación.
Los poderes públicos no podían permanecer inactivos y a última hora actúan en tres frentes: el jurídico, con una Fiscalía General que quiere conocer todas las denuncias; el parlamentario, con la izquierda que promueve una comisión de investigación, que el PSOE no quería, pero ahora se apunta, avalado por los letrados del Congreso, y el ejecutivo, presidido por el secretario general del PSOE y actúa en consecuencia y los socios de su gobierno, todos dispuestos a ponerse al frente de la manifestación. ¿Hay una batalla ideológica? Por supuesto. ¿Hay interés electoral? Aunque esté limitado a la izquierda, ningún partido quiere perder un voto por esto. ¿Hay que hacer algo por imperativo ético?
La inactividad sería tan denunciable como los hechos. Y, si la Iglesia no ha sido efectiva en la investigación y el castigo interno, los poderes públicos tienen el deber de actuar. Creo, por tanto, que el cambio de actitud del gobierno es fruto tanto de una política de imagen como de una exigencia moral.
