Tienes toda la razón, director: si las autonomías disponen de recursos legales para imponer confinamientos o toques de queda, se podía levantar ya el estado de alarma. Digo más: no hizo falta decretar un estado de alarma, y mucho menos de tan larga duración. Y añado: esa limitación de derechos se hizo, y así se nos explicó, para dar cobertura jurídica a las decisiones de las comunidades autónomas.
El argumento era clarísimo: un gobierno regional, con la Constitución en la mano, no puede adoptar ninguna decisión que afecte y mucho menos limite derechos fundamentales como la libertad de movimiento. Si ahora se dice que sí hay procedimientos legales para hacerlo, o se nos mintió entonces o se nos miente ahora, porque la Constitución, hasta donde sabemos, no ha sido modificada. Con lo cual, el comentarista participa de la desorientación de las comunidades y pregunta formalmente cuáles son las garantías jurídicas.
Después del 9 de mayo, y mientras no estemos todos inmunizados, ¿qué limitación de la movilidad puede decretar un gobierno regional, si se expone a que lo denuncie cualquier vecino que quiera incordiar? ¿Habrá que pasar cada decisión por los juzgados, para que sean los jueces quienes decidan cómo se gobierna según su leal (o desleal) saber y entender? Esto no es serio. Esto es que el gobierno se cansó de gobernar la pandemia y echa el muerto a las autonomías. Esto es, y no lo tomen por desacato, una dejación de funciones como una catedral.
