La nueva pareja inseparable de Isabel Pantoja es su abogado. Y la sala a la que acude estos días no es fiestas sino de juicios. Intenta despejar las sospechas de actividad delictiva reiterada que pesan sobre ella y que la han llevado a verse sentada en un banquillo. Blanqueo de capitales, que consiste en recibir dinero negro de origen inconfesable -maletines, comisiones, mordidas- y darle cauce legal bajo cualquier coartada. Por ejemplo, decir que guardabas muchos billetes en casa fruto de tus actuaciones y tus galas y has decidido usarlo para la entrada de un apartamento; por ejemplo, pedir un crédito al banco y abonar cada mes la letra con dinero del que pringa los dedos porque su origen es delictivo.
El juicio de Isabel Pantoja tiene poco de crónica social y mucho de la crónica -tantas veces repetida- de la España sucia, esa larga lista de casos -algunos ya juzgados, otros siéndolo y otros aún por juzgar- que descansan sobre una misma tríada: la corrupción municipal, el lavado de dinero y la elusión fiscal. De eso va el caso Blanqueo, su caso madre, la Malaya, y de eso va la Ballena Blanca, la Gurtel, Emarsa, Mercasevilla, la operación Poniente, la Pokémon y la Emperador. Chanchullos para ocultar dinero a Hacienda con la complicidad de algunos cargos públicos.
Julián Muñoz, aunque ahora cueste creerlo, fue el cargo público más importante del ayuntamiento de Marbella. Si en lugar de liarse con Pantoja se hubiera liado con Margarita Seisdedos, ahora sería ella la que estaría siendo juzgada. Porque se trata de determinar si todo el dinero que manejaba Pantoja lo había ganado honradamente ella, o recibía dinero sucio de su novio para hacerlo pasar por bueno.
Hoy ha declarado la artista que Cachuli era un mantenido. ¿Darle dinero él a ella? Ni medio euro. Todo lo que él tenía se lo daba ella. Pudo haberlo dicho cantando, porque la frase se presta a copla: “Nada me dio porque nada tenía”. Julián Muñoz, nombre puente entre la farándula y la política, tampoco es chino. Y hasta 1991 nunca se vio a sí mismo como un político. Entró de concejal en Marbella aquel año reclutado por aquel látigo de los políticos tradicionales que se llamó Jesús Gil, de quien acabaría heredando, en 2003, la poltrona. Gil y Gil surgió como líder populista en el contexto de la crisis económica de los noventa y encontró terreno abonado en el descrédito -”el desafecto”, diríamos ahora- de los partidos tradicionales en Marbella.
Se presentó como la nueva vía frente al sistema establecido, la voz del pueblo frente a la clase política, el portavoz del hartazgo que prometía una forma de hacer las cosas distinta. Cercana a la gente. Pensando en el pueblo. Transparente. Arrasó en las urnas. 65% de los votos en el año 91. Quince años después, cuatro arrolladoras victorias después, el partido fue liquidado tras batir todos los recórds de irregularidades e imputaciones por chanchullos de todo tipo. Aún hoy se están juzgando las responsabilidades penales por aquella máquina de distraer dinero que convirtió el ayuntamiento de Marbella en trincolandia.
La encuesta que hoy ha difundido el CIS sobre la opinión que tenemos los ciudadanos de los impuestos que las administraciones recaudan revela una impresión abrumadoramente mayoritaria: en este país hay mucho fraude. “Mucho” dice el 61 % de los encuestados. “Bastante” responde el 31 %. Sumados ambos, 92 de cada cien ciudadanos opina que el fraude es alto. Impresión que se completa con ésta otra: si la gente no defrauda más es por miedo a que le hagan una inspección, lo cree el 72 % -cabe pensar que quienes responden se incluyen a sí mismos-.
Si no engañamos más es por miedo a que nos pillen, no por la convicción moral de que debemos pagar impuestos. Es también un clamor en la encuesta la exigencia de que se destinen más recursos a perseguir a los defraudadores, porque lo que dejan de pagar unos lo acaban pagando los otros, según la opinión mayoritaria. Y se confirma, en fin, que casi todos los ciudadanos tendemos a pensar que pagamos muchos impuestos y nos beneficiamos poco.
Dice la pregunta 5 del CIS: “Teniendo en cuenta lo que usted paga en impuestos y lo que recibe en servicios públicos, ¿diría que el Estado le da más de lo que usted paga, igual o menos?” Y una marea humana del 65 % de los encuestados responde, como si estuviera manifestándose en la Diada, “menos, recibo menos de lo que aporto al Estado”. Si la encuesta, en lugar de hacerla el CIS, la hubiera hecho Artur Mas, le habría podido llamar a esto la balanza fiscal de cada encuestado.
¿Usted recibe en proporción a lo que aporta o se siente injustamente tratado, desatendido, expoliado? Respuesta mayoritaria: expoliado.
La mayoría de los españoles considera que su balanza fiscal personal es muy deficitaria. Tienen la sensación de que pagan mucho más de lo que reciben a cambio. Y como tampoco creen que los impuestos sean un medio para distribuir mejor la riqueza en la sociedad (sólo piensa así el 9 %) lo raro es que no se haya iniciado un movimiento de reivindicación fiscal en cada uno de los hogares de España, la reivindicación del pacto fiscal personalizado. Si aporto mucho y recibo poco, voy a tener que emanciparme.
Es una caricatura, por supuesto, pero si aplicásemos este criterio de equilibrar lo que uno aporta al Estado con lo que recibe a cada una de las familias contribuyentes, tendríamos que dar mejores servicios públicos a quienes más impuestos pagan, en perjuicio de aquellos que pagan menos (porque su nivel de renta es más bajo) y cuya balanza fiscal -precisamente porque su renta es baja- nunca va a ser deficitaria.
El criterio que nunca aplicaríamos, una por una, a las familias sí pretende aplicarse, sin embargo, a las comunidades autónomas. La que más aporte, que más reciba. Siempre aportará más aquella cuyo nivel de renta sea más elevado. Como aporta más aquel asalariado cuyos ingresos son superiores. Revisar los criterios que se utilizan para calcular cuánto dinero ha de recibir cada gobierno autonómico está en los planes del gobierno pero no para este año, sino para entrado ya el 2013.
Para este próximo ejercicio las cuentas ya están echadas, están hechas y desde hoy están siendo debatidas y enmendadas por el Congreso. Son los Presupuestos del año en que, según Montoro, dejaremos atrás la recesión. Que significa que dejaremos de seguir menguando, no que empecemos ya a crecer de manera sólida. Sólo la comisión europea es más optimista que Montoro. Donde el ministro calcula una caída de nuestro PIB de medio punto el año que viene, la comisión estima un 0,4 %. El resto del mundo, empezando por el FMI y siguiendo por los servicios de estudios de bancos y universidades, no creen que la caída sea inferior a un 1,3 %. Es cierto lo que dice el gobierno: las revisiones son estimaciones que luego se cumplen o no se cumplen.
Pero eso vale también para las suyas, claro, con la diferencia de que sobre las suyas construye el gobierno todos los demás números del año que viene, incluida la recaudación por impuestos que es clave para cumplir, o no, los objetivos de déficit público. Creíbles o increíbles, pasan esta primera criba con la derrota de las enmiendas a la totalidad que se habían presentado. Incluida la que defendió el reaparecido Alfredo Pérez Rubalcaba. Que, a preguntas de los periodistas ha dicho que él no se siente cuestionado como líder del PSOE pese a los malos resultados cosechados el domingo. No se siente cuestionado. No se siente. Pero lo está.
