Monólogo de Alsina: "De Madrid no se sale"

El día en que se puede decretar por primera vez un estado de alarma limitado a una comunidad autónoma en España. En media hora comienza en la Moncloa un consejo de ministros extraordinario con la única finalidad de declarar la alarma en Madrid en el caso de que, antes de esa hora, Isabel Díaz Ayuso no haya dictado ella misma una orden para mantener Madrid confinado. Es decir, una orden autonómica que copie la orden ministerial que hasta ayer estaba en vigor.

Antes de que les vuelva turulatos con el enredo jurídico del día: lo principal, para entender lo que está pasando, es esto: una salida masiva de madrileños hoy camino de la playa, de la sierra, de su pueblo (es decir, de otras provincias) no se va a permitir. De una manera o de otra, el éxodo madrileño se va a impedir. Porque, como venimos contando aquí desde la semana pasada, es el puente lo que obsesiona a las autoridades sanitarias.

Impedir la salida masiva. Insisto, desde la semana pasada todo lo que se ha ido decidiendo está relacionado con esto.

Hasta ayer el asunto estaba controlado: el confinamiento perimetral regía en Madrid. Con el gobierno regional refunfuñando, pero regía. Cuando ayer el Tribunal Superior dice que no lo avala, se dispara la alarma porque tanto el gobierno central como el madrileño saben que hay que encontrar la manera de que el cierre se mantenga. Y entretanto, mentalizar a los madrileños de que con prohibición o sin ella no deben abandonar Madrid.

Lo que vamos a saber esta mañana es cómo se resuelve el tema jurídico.

Recordemos: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no dijo ayer que sea ilegal cerrar Madrid, dijo que para cerrarlo la orden tiene que venir dada por quien puede hacerlo. Sé que a estas horas se atraganta el debate jurídico, pero en resumen el asunto consiste en que la manera en que el gobierno central consiguió que se confinara Madrid (toda la ciudad, no por áreas sanitarias) fue juntan a los gobiernos autonómicos, votar el plan aquel de los tres criterios para confinar, y una vez aprobado el plan decirle a la comunidad de Madrid: dese usted por enterada. Esto es lo que el Tribunal ayer dice que no vale. Que el confinamiento lo tiene que ordenar el gobierno autonómico (o el gobierno central si asume esa competencia declarando antes el estado de alarma). Y en éstas estamos.

¿Qué puede pasar en los próximos minutos?

Opción 1: que la señora Ayuso dicte ella una orden para confinar Madrid. Paradoja: estaría dando la misma orden que ella tiene recurrida.

Opción 2: la señora Ayuso solicita al gobierno el estado de alarma para que sea el gobierno quien decrete el confinamiento.

Opción 3: el gobierno decreta el estado de alarma en Madrid aunque Ayuso no se lo pida.

Si la opción que sale adelante es la primera, todo seguirá como estaba. La gestión la llevará Ayuso con Madrid cerrado. Si lo que acaba pasando es que el gobierno decreta la alarma, entonces es el presidente quien asume la facultad que ya asumió en marzo para el conjunto del país: disponer de los recursos públicos y tomar las decisiones que considere convenientes para velar por la salud pública. El mando sería de Sánchez, y él podría delegarlo o en Illa o en Díaz Ayuso.

Ha llegado el temido puente de octubre ---el lunes es el día de la fiesta nacional--- y el carajal político-jurídico no es que tenga al personal turulato, es que ya lo tiene k.o.

Desenredar la madeja de normas (e interpretaciones de las normas) ya sólo genera melancolía. En mayo estábamos con el debate, acuérdese, de si había plan B al estado de alarma y, llegando al 12 de octubre, seguimos atrapados en el mismo debate.

Así que la primera conclusión habrá de ser que el Parlamento no ha hecho su trabajo. Es el Parlamento quien legisla y quien reforma las leyes cuando éstas se revelan confusas, o insuficientes, o incompletas. Ya sabemos que para un portavoz parlamentario es más fácil tuitear una frase facilona sobre si el Tribunal Superior es más de La Moraleja o de Vallecas; sabemos que hay portavoces parlamentarios cuya única actividad conocida es hacer de comentaristas de lo que hacen o dicen los demás; pero igual hoy podrían animarse a explicar qué responsabilidad asumen ellos por haber llegado a la segunda ola del coronavirus sin haberle metido mano a esto que el presidente Sánchez, mes de mayo, visionario, describió como un rosario de leyes en vigor que no sirven para afrontar una epidemia.

La descripción que hizo el presidente, en aquellos días en que el mensaje era no hay alternativa al estado de alarma, resulta plenamente actual. Las leyes ordinarias tenían vacíos. Los tienen, entonces, porque ninguna de las leyes que el presidente mencionó como necesitadas de reforma urgente se han llegado a tocar en estos cinco meses.

¿Qué fue de aquel impulso reformista? Pues que se esfumó con la llegada del verano, de la desescalada y de la falsa percepción de que la epidemia había sido superada.

En manos de los legisladores ha estado, todo este tiempo, clarificar la selva de leyes, y disposiciones, y resoluciones, y órdenes ministeriales para evitar este sindiós que, a diferencia de la epidemia, no está causado por un virus que apareció de pronto; está causado por la ineficacia de un Parlamento de 350 diputados.

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