OPINIÓN

Monólogo de Alsina: "Lo que ERC quiere sacar al PSOE por investir a Sánchez es el camino para burlar la Constitución y que el país trague"

Día de vísperas. Ideal para las negociaciones opacas que se traen el PSOE y Podemos, el PSOE y el PNV, el PSOE y Esquerra Republicana. Ideal porque en Madrid es fiesta y la agenda del presidente, de sus subalternos y de la pareja que dirige Podemos está limpia de actos oficiales.

Carlos Alsina

Madrid |

No es verdad que las negociaciones estén siendo transparentes. Ni siquiera que se informe cada vez que se ven para sus cosas. Es verdad que el PSOE convoca reuniones en el Congreso para que los fotógrafos puedan hacerle un álbum de fotos a Adriana Lastra con Rufián y con los pezqueñines.

Y que luego sacan un texto, que llaman comunicado, escrito con los pies y que no aclara nada. Pero la negociación no está ahí. La negociación está, por ejemplo, en las visitas que hace Iglesias al Palacio de la Moncloa sin avisar a la prensa. Son tan frecuentes que ya sólo le falta quedarse a dormir allí. ‘Me he traído el colchón, Pedro, ¿dónde lo pongo?’ El colchón y la tinaja. Antes la Moncloa era como Pedro por su casa y ahora ya es como Pedro y como Pablo. Le va cogiendo gusto Iglesias a la moqueta.

Nunca comenta. Reuniones privadas. En otros países es norma que quede constancia de todas las reuniones que mantiene el presidente del gobierno y lo que allí se dice. Bien lo sabe Trump, por ejemplo. En España nunca fue así. Aunque sea en la Moncloa y aunque forme parte de la actividad oficial del presidente, con quién se ve y para qué se mantiene en la reserva. Nadie nunca ha querido cambiar eso. Bueno, sí. Podemos, al principio, abominaba de las reuniones opacas de los jefes de gobierno. Luego ya dejó de hacerlo.

Mucho más cómodo el suelo mullido de la moqueta del poder que el barro de la charca que se le declaró la semana pasada al partido de Iglesias. La charca que no ha fabricado ningún comisario y ninguna cloaca: es el abogado del partido, ahora despedido, quien denuncia chanchullos internos que podrían salpicar, según él, a Irene Montero, a Alberto Rodríguez y a Ione Belarra. Este mensaje que está soltando en las entrevistas y que viene a decir: no me toquéis mucho más las narices que puedo arruinarle a Irene el ministerio.

La versión de Podemos es que fue despedido por un caso de acoso por razón de género. Sólo eso ha querido decir hasta ahora, sobre este caso, el secretario general del partido. Que, por cierto, elevó la acusación el viernes a acoso sexual.

Aplíquese el cuento Iglesias: si sostiene que hubo un acoso sexual, está afirmando que se produjo un delito. A qué espera Pablo para ir él mismo a denunciarlo al juzgado. Igual a él se le escapa el matiz, pero la versión oficial que difundió su partido no habla de acoso sexual, sino de acoso por razón de género. Que no es lo mismo porque en el segundo el comportamiento del acosador no tiene por qué tener naturaleza sexual.

Día de vísperas, decía.

Es fiesta en dos de las ocho naciones que, según Iceta, forman la nación española. A saber: Aragón y Andalucía. Son naciones, sostiene Iceta, porque sus estatutos de autonomía establecen que son nacionalidades. Y para Iceta, nacionalidad y nación son la misma cosa.

En su entrevista de La Razón recordaba Iceta este fin de semana que esto de la nación de naciones lo defiende el PSC desde hace décadas. Es verdad. Si decides, por tu cuenta, que nación y nacionalidad son sinónimos, reescribes el artículo 2 de la Constitución y te quedas en tu paz.

En lugar de estado de las autonomías te inventas un estado de las naciones y le das consideración de nación a todas ellas. Ya sabemos que el estatuto de Castilla y León no dice que sea una nacionalidad histórica, pero quién va a dudar del hecho diferencial, la identidad histórica, de Castilla y de León. Y de Asturias.

En realidad este debate es tan viejo como ya se resolvió en 1978. Si la Constitución estableció el estado autonómico es porque asumió las identidades históricas. Y ha seguido resolviéndose cada vez que una comunidad autónoma ha redactado su estatuto.

Cataluña, como también sabe Iceta, resolvió esta cuestión de nuevo en 2006 con el estatuto que hoy está en vigor. Y que recoge lo que es Cataluña ---nación en términos culturales, comunidad autónoma a efectos jurídicos--- es un preámbulo que fue bendecido por los catalanes que fueron a votar el Estatut y que no modificó el Tribunal Constitucional. Luego no ha sido la definición de Cataluña lo que ha provocado ni el proceso independentista ni los hechos de octubre de 2017 (esto también lo sabe Iceta y lo sabe Sánchez).

Conviene no deformar los debates por mucho interés que uno tenga en rentabilizar su distorsión.

El debate sobre qué es una nación se resolvió en el Estatut que hoy está en vigor. Lo que ahora está en discusión no es la nación, es la autodeterminación. Lo que ahora pretende una parte de los catalanes, representados por tres partidos independentistas, es imponer al resto el supuesto derecho de una minoría a decidir lo que afecta a todos. Lo que Esquerra Republicana quiere negociar con el Estado no es si Cataluña es nacionalidad, nación o comunidad de destino en lo universal, es que el 16 % de los habitantes de España pueda imponer su voluntad al 84% restante.

Lo que Esquerra quiere sacarle al PSOE a cambio de investir a Sánchez es el camino para burlar la Constitución y que el resto del país trague. Camuflándolo de diálogo, negociación, voluntad popular y mandato democrático. Los comodines de la jerga política elástica. No es un nuevo estatuto lo que esperan. Como no era un nuevo estatuto lo que quitaba el sueño a los catalanes en 2003, cuando el PSC de Maragall se lo sacó de la chistera como proyecto político para disputarle a Artur Mas el voto nacionalista.

Día de vísperas.

Mañana espera el PSOE avanzar en la fumata blanca para Sánchez. Y mañana espera Esquerra terminar de arrancarle al PSOE el compromiso de buscar la manera de sortear la Constitución para abrir camino a la autodeterminación de Cataluña.

Pronto sabremos si Sánchez exige a Esquerra como condición previa para abrir la llamada vía política para la solución del conflicto el compromiso de aceptar la Constitución, la doctrina del Constitucional y la soberanía nacional.