A veces, el gobierno acierta. A veces, sólo en ocasiones, los ministros no tienen que arrepentirse de lo que han dicho. Hace tres semanas dijo el ministro Bolaños que confiaba en la justicia y en que sería justo el Tribunal Supremo. El juez del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, había pedido al alto tribunal imputar, o investigar, al ministro de Justicia por malversación y falso testimonio.
El ministro es aforado. De no serlo, Peinado lo habría podido imputar sin trasladar petición a nadie y, sin duda, lo habría hecho. El escrito en que argumentó su petición al Supremo no encontró, en realidad, nadie que lo defendiera.
Aparte de la pésima sintaxis, del error de dar a Begoña Gómez por muerta o del empeño en llamar al testigo investigado, aparte de atribuir a éste respuestas que nunca dio a preguntas que nunca se le hicieron, aparte del amontonamiento de conjeturas y la evidente animadversión al ministro, lo esencial es que el juez no aportaba elementos que permitieran sospechar que Bolaños, que ni tenía a su cargo a la asistente de Begoña Gómez ni había intervenido en su nombramiento, hubiera incurrido en acción delictiva alguna.
Calculó Bolaños, y calculó bien, que no le llevaría al Supremo mucho tiempo deliberar sobre el intento del juez Peinado de empitonarle porque el escrito que elevó para justificarlo era desecho de tienta. Se lo dijo a Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso hace veinte días.
El escrito del juez Peinado carece de un indicio de que el aludido haya podido delinquir
Así ha sido. El Supremo manda a la papelera el escrito del juez Peinado porque carece de lo mínimo necesario para iniciar una investigación judicial: un indicio de que el aludido haya podido delinquir. Se confirma que al juez se le calentó la mano y se pegó un tiro en el pie. Otro tiro. Son ya unas cuantas las veces que instancias judiciales superiores le reconvienen o para que centre la investigación y para que no impute alegremente y basándose en interpretaciones torcidas de lo que los testigos han declarado.
También han avalado la Audiencia Provincial otros aspectos de su investigación, ciertamente. Ha habido de todo. Pero ha calado la impresión de que la instrucción del caso Begoña discurre a trompicones, de forma errática y con demasiados errores de juicio de quien está llamado a decidir si la actuación de la esposa del presidente, su asistente y algunos empresarios es merecedora, precisamente, de ser sometida a juicio.
Una de cal, otra de arena. Alegrías y disgustos en la casa de los líos que es el gobierno.
A la Comisión Europea no le convenció la propaganda gubernativa respecto de la ley de amnistía. Propaganda sobrevenida. El Tribunal de Justicia Europeo tiene sobre la mesa una consulta que le planteó el Tribunal de Cuentas de España. En esencia, si la ley de amnistía es conforme a la legislación europea, delitos de corrupción incluidos.
La amnistía no respondió al deseo de atender el interés general sino a la necesidad aritmética del PSOE de tener contento a Puigdemont
Hace un mes trascendió el dictamen que el abogado de la comisión había presentado en el Tribunal. Y ayer, lo que sucedió ---en la primera de las vistas--- es que el abogado confirmó punto por punto su dictamen.
La amnistía no respondió al deseo de atender el interés general sino a la necesidad aritmética del PSOE de tener contento a Puigdemont para que Sánchez fuera investido. ¡El argumentario del PP!, piensa el Gobierno. A ver, tampoco es que la Comisión Europea se haya estrujado mucho las meninges.
Dice lo que en España sabe todo el mundo. Incluido el presidente cambiante (de opinión), incluidos los diputados del PSOE que le acompañaron disciplinadamente en su maniobra, incluidos los amnistiados e incluidos los magistrados del Tribunal Constitucional.
Estos últimos eludieron valorar la veracidad de la exposición de motivos de la ley ---que es donde se habla del interés general de la concordia y no sé cuántas cosas más---, eludieron valorarlo porque, de haberlo hecho, habrían tenido que decir lo mismo que la Comisión Europea.
Ya lo dijimos entonces: los magistrados leen los periódicos, escuchan la radio, no son ajenos a la realidad de este mundo y conocer, perfectamente, cómo se gestó esta amnistía. Exposición de motivos lírico-epopéyica incluida.
Decidió sin consultarlo con nadie que aceptaría el precio que Puigdemont iba a ponerle a su investidura
Toda España sabe que Sánchez era contrario a la amnistía, por inconstitucional y por contraproducente, hasta que un 23 de julio se quedó corto de votos, y de escaños, y decidió en soledad, y sin consultarlo con nadie (tampoco en su partido) que aceptaría el precio que Puigdemont iba a ponerle a su investidura.
Toda España sabe que, de haber sacado siete escaños más, no habría habido ni amnistía ni operación propagandística para persuadir a los españoles de que sólo amnistiando a Puigdemont regresaría Junts a las instituciones (de las que nunca se había ido).
La operación persuasiva fue mediocre, los hechos estaban demasiado a la vista, y nunca logró el presidente que la sociedad española le acompañara mayoritariamente en su cambio de chaqueta. Por eso la amnistía, por muy constitucional que haya sido declarada, sigue siendo una operación de políticos para forzar las costuras y salvar a otros políticos, no un clamor de la sociedad que empieza abajo y los políticos hacen suyo.
La Comisión Europea saca una consecuencia que el Tribunal Constitucional no quiso sacar ---se tapó los ojos de forma un poco burda---. La consecuencia de que la amnistía no respondiera al interés general sino al interés del presidente investido y los políticos amnistiados es que, dado que la ley se redactó de común acuerdo con éstos y que fueron estos quienes la votaron, estamos ante un grupo de políticos que se amnistía a sí mismo. Auto amnistía.
En la cúpula de ambas formaciones permanecen los malversadores incombustibles
El Constitucional, cuando abordó este asunto, lo resolvió diciendo que como no hay ningún amnistiado entre los 350 diputados del Congreso que votaron la ley, no cabe decir que es auto amnistía. Se obligó a no ver que los siete diputados de Junts votan disciplinadamente lo que decide la cúpula de su partido y que los siete de Esquerra hace exactamente lo mismo.
Y en la cúpula de ambas formaciones permanecen los malversadores incombustibles que lideraron el procés, Puigdemont y Junqueras, los beneficiados con la amnistía. Esto también lo saben los magistrados del Constitucional porque no son ajenos al funcionamiento de la política. Cómo van a serlo, si todos ellos deben su nombramiento a decisiones o negociaciones políticas.
Puigdemont, como es muy ingrato y está escocido porque el Supremo no lo termina de exonerar, anuncia por enésima vez que Sánchez, en adelante, lo tiene crudo. Le tumbará la financiación singular de la España plural, ordinal, federal, general y otras cosas que terminan en al.
Lo que sufren algunos ministros (y ministra) con este galimatías. Sobre todo los ministros (y ministra) que hacen oposición a los gobiernos autonómicos de sus regiones de origen, como Alegría, líder en Madrid de la oposición al gobierno de Aragón. Lo que sufren haciendo equilibrios entre la peculiaridad catalana que justifica un modelo diseñado por Esquerra y las generalidades del resto que a Esquerra nunca le han preocupado lo más mínimo pero que resulta que justifican el mismo modelo.
Sólo hay un gobierno autonómico contento con el plan del presidente Sánchez
Ahí está el gobierno central, presumiendo del dinero que ha dado a las comunidades autónomas, como si fuera suyo. Y como si fuera una concesión magnánima. Y como si no guardara relación, ese incremento, con la excepcional crisis de la pandemia. Gracias por hacer su trabajo, oiga.
Repasemos la situación de la financiación singular: sólo hay un gobierno autonómico contento con el plan del presidente Sánchez. En concreto, el único con el que lo ha pactado. Los otros catorce se oponen. Once del PP, dos del PSOE, uno de Coalición Canaria. No parece que el consenso avale lo que predica la portavoz Alegría. Si acaso, el consenso lo que dice es que el gobierno central incurre en trato de favor con el gobierno autonómico catalán y con la oposición catalana a ese mismo gobierno.
Es decir, privilegia a Illa, Junqueras y Puigdemont. En eso sí hay consenso. Y en que siete años después de llegar al gobierno, Sánchez aún no ha renovado el modelo de financiación autonómico que alumbraron Montilla y Zapatero. ¡Ya, pero hemos dado más dinero a las autonomías que Rajoy! El estribillo de siempre. Un gobierno obsesionado por compararse con los demás porque sólo en la comparación alcanza a encontrarse favorecido.
