Monólogo de Alsina: "ERC exige garantías de que, una vez investido, no olvidará Sánchez su promesa de mesas y de negociaciones"

Sorteo de Champions, sorteo de la Lotería de Navidad, sorteo de obstáculos a cargo del PSOE para arrancarle a Esquerra la bendición que haga presidente a Sánchez, reuniones de trámite hoy en la Moncloa con Arrimadas y Casado (que no se diga que el presidente no recibe gente) y decisiones judiciales en Bélgica y en Luxemburgo sobre la situación del prófugo de Waterloo, el hombre que mece la cuna del calendario electoral en Cataluña, Carles Puigdemont, padre de Joaquim Torra.

Igual entre tanto acontecimiento encuentra un rato el gobierno en funciones para aclararle a los ocho millones de pensionistas si ha encontrado ya la manera de cumplir la promesa que les hizo de subirles la pensión un 0,9 %. Para la pensión media que se cobra en España, que es de 935 euros mensuales, salen ocho euros de subida. La promesa la hizo Sánchez cuando pensaba que para finales de año ya tendría un gobierno en plenitud de funciones, y no es el caso. Así que, a falta de investidura, tiene el compromiso pendiente de ver cómo lo hace. Porque si no, se aplica la subida mínima que se aprobó en la reforma de Rajoy, 0,25 %, en lugar de ocho escasos euros, dos y pico.

Los funcionarios, que son el otro colectivo que tenían prometida subida (ésta del gobierno Rajoy) reclaman no ser menos que los pensionistas: si se encuentra la forma de subir la pensión, que se encuentre la forma de subirles a ellos la nómina. Hoy entregan un documento en presidencia del gobierno instando a Sánchez a emplear el método de gobierno en el que más ducho ha demostrado ser el presidente: el decreto. Gobernar por decreto ley y que luego el Parlamento se lo avale. Si en algo ha batido récords este presidente es en decretos leyes. Bueno, y en el uso del Falcon. Bueno, y en cambios de criterio.

El más obsceno de los últimos tiempos, el que tiene que ver con el independentismo. De amenaza a la convivencia de los catalanes a cooperantes generosos comprometidos con la gobernabilidad de España. De equipararlos con los partidarios del brexit y sus mentiras, con la ultraderecha y sus soflamas, a elogiarlos por su sentido de Estado. Ver para creer, presidente. Ver para creer, doctor Ábalos.

De lo que queráis. Si ya le hemos perdido el respeto a las palabras, qué más da ‘diálogo’ que ‘debate’, que ‘negociacion’ que ‘conflicto’, que ‘mesa de partidos’ o de ‘gobiernos’ o de ‘relator’ o lo que sea.

Lo urgente es investir a Sánchez y luego ya iremos viendo, les viene a decir el escudero del presidente en funciones a sus nuevos novios de Esquerra. El problema que se ha encontrado es el mismo que viene arrastrando Sánchez con todo aquel con el que habla: que nadie le da valor ya a su palabra. Por eso Esquerra exige –-lo decía Junqueras en la entrevista de La Razón el viernes— garantías de que, una vez investido, no olvidará Sánchez su promesa de mesas y de negociaciones para abordar la autodeterminación y volverá al Sánchez que satanizaba a Torra y emplazaba a Esquerra a aceptar la Constitución como primer paso para hablar sobre cualquier cosa.

Puigdemont espera que le toque un premio esta semana. Que le toque el premio con el décimo que pagó Oriol Junqueras. Fue el de Esquerra el que se quejó al Supremo de que no le hubiera reconocido la inmunidad cuando fue elegido eurodiputado en mayo. Fue el Supremo el que planteó la consulta al Tribunal Europeo para curarse en salud y que nadie cuestionara los derechos del procesado. Y fue el abogado general de la Unión Europea quien entendió, hace un mes, que Junqueras debería haber podido ir a tomar posesión de su escaño, aunque añadiendo que ahora que ya está condenado, e inhabilitado, la inmunidad decae.

Para Junqueras sí, para Puigdemont no. Ésta es la paradoja.

El que se quedó en España y por eso pudo ser juzgado, ya no puede ejercer un cargo electo. El que se largó y por eso no ha podido ser juzgado, puede beneficiarse del aforamiento. Inmune por haberse fugado. Siempre listo el sufrido habitante de Waterloo para beneficiarse él de las acciones de otros.

Hoy el tribunal belga que lleva semanas eternizado en la cuestión de la euroorden aplazará de nuevo –-probablemente— su decisión con el argumento de que mejor espera a ver qué dice el jueves el Tribunal de Justicia Europeo.

Y por cierto, con la lata que dieron algunos dirigentes políticos criticando los aforamientos de los demás, el privilegio del fuero, y lo entusiastas que son ahora ante la posibilidad de que un acusado de sedición, como Puigdemont, pueda acogerse al fuero para eludir la acción de la Justicia. Para eludirla habiendo sido denunciado en 2017 por hechos que nada tienen que ver ni con el Parlamento europeo ni con la actividad parlamentaria. Puigdemont fue denunciado, como los demás, por cometer delitos. El de sedición es el más grave que el Tribunal Supremo dio por demostrado.

Esta señora es la ministra de Medio Ambiente del gobierno de Chile, Carolina Schmidt. Ella ha presidido la cumbre del clima celebrada en Madrid y a ella la está esperando ahora la oposición en su país para reprocharle el fracaso de las negociaciones.

En contra de lo que se empeño en decir el gobierno de aquí, esta cumbre ni era histórica ni era decisiva. Se trataba de pasar el examen anual del cumplimiento de los acuerdos anteriores (que nunca llega) y de intentar acelerar en el calendario de reducción de emisiones. Pero el intento se ha quedado en eso, en declaraciones, y a la hora de la verdad no hay novedad alguna que presentar como balance. Ahora toca que el secretario general de la ONU se declare decepcionado, que los gobiernos que presumen de estar más comprometidos que nadie se declaren decepcionados y que los estudiosos del clima que han presentado aquí sus informes se decepcionen de verdad.

Ya tiene Greta argumento para seguir predicando que los gobiernos hablan mucho pero la cosa cambia poco.

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