Una semana les ha llevado poner los veinte huevos. El viernes pasado confirmaron que estaban de acuerdo en ponerse de acuerdo y han echado la semana relenando el álbum de cromos.
"Todo va al fifty fifty. Por cada uno del PSOE, uno del PP"
Anoche el Gobierno y el PP anunciaron quiénes van a ser los veinte elegidos por el Parlamento para desempeñarse como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (cuatro), consejeros del Tribunal de Cuentas (doce, Defensor del Pueblo (dos, titular y adjunta) y Agencia de Protección de Datos (directora y adjunto). Todo va al fifty fifty. Por cada uno del PSOE, uno del PP. Perdón, por cada nombre propuesto por el PSOE (o sea, elegido por el ministro Bolaños), uno propuesto por el PP (o sea, Teodoro García Egea).
En el Tribunal Consitucional, que es de todos estos órganos en el que más interés tienen los partidos (que si mayoría conservadora o progresista) hay dos juezas, un juez y un abogado que ha ejercido de letrado de las Cortes. Las dos juezas son una que gusta mucho al PP, Espejel, y una que gusta mucho al PSOE, Montalbán. Currículum tienen las dos: no sólo judicial, también en esto de los cromos. Ambas fueron vocales del Consejo del Poder Judicial por el acuerdo entre Gobierno y PP en 2008, gobernando Zapatero. El juez Sáez Valcárcel, hoy en la Audiencia Nacional, también fue vocal del CGPJ en el 96, a propuesta de Izquierda Unida. Y el catedrático Arnaldo, asómbrense, fue vocal tambien en aquel Consejo del 96 a propuesta del PP, que es el mismo partido, por supuesto, que le aúpa ahora al Constitucional.
Currículum profesional tienen los cuatro, claro que sí, pero es llamativo que los nombres que manejan los dos partidos para ocupar sillones son siempre los mismos. Por más que Egea presumiera anoche en La Brújula de haber hecho historia, es historia repetida.
Una guerra entre el Congreso de los Diputados y el más alto tribunal del país es un episodio insólito
Por cierto, circunstancia curiosa: Arnaldo es, de momento, letrado de las Cortes. Y como les venimos contando esta semana, tenemos abierto un conflicto entre el Congreso de los Diputados y el Tribunal Supremo porque el Congreso, amparándose en el informe de sus letrados, entiende que el diputado gubernamental Alberto Rodríguez debe conservar su escaño aunque haya sido condenado. Son los letrados los que dicen que el pago de la multa sustituye a la pena de prisión y, por tanto, no le inhabilita como parlamentario. Y Podemos y el PSOE han hecho suyo ese criterio para salvar el sillón del morado.
Eso dice Pisarello, de Podemos. Ayer contamos aquí que el Supremo estaba subiéndose por las paredes porque daba por hecho que al diputado lo enviarían a su casa, y que Marchena le había enviado un oficio a la señora Batet viniéndole a decir que, por favor, proceda. La novedad de ayer es que la presidenta reunió a la mesa para ver qué se hace y han elegido estirar el asunto y pedirle al Supremo que aclare lo de la inhabilitación de Rodríguez. Una guerra entre el Congreso de los Diputados y el más alto tribunal del país es un episodio insólito incluso para un país como el nuestro, tan dado a la bronca entre instituciones. La impresión general es que Batet se prepara para el cese de hostilidades y el diputado Rodríguez, para el descabello.
Ángel Gabilondo, dos años sonando como único candidato al puesto de Defensor del Pueblo
La de Ángel Gabilondo es una historia interesante. Estuvo dos años sonando como único candidato al puesto de Defensor del Pueblo (sonó una candidata, Manuela Carmena). El ex ministro de Educación había ganado las elecciones autonómicas de Madrid en 2019 pero la izquierda no sumaba y fue presidenta Díaz Ayuso. Desde entonces esperaba Gabilondo el momento en que sonara el teléfono y fuera Sánchez para comunicarle que se había puesto de acuerdo con el PP para nombrarle Defensor. Pero el tiempo pasaba, y pasaba, y pasaba y Gabilondo se consumía en el Parlamento madrileño entre apelaciones al entedimiento y la concordia mientras Ayuso y Mónica García se decían de todo.
Las elecciones anticipadas llegaron por sorpresa y, a falta de mejor candidato (o candidata) le tocó a Gabilondo competir de nuevo. Sometido a la estrategia cambiante del equipo electoral de la Moncloa: ahora no quieres saber nada de Pablo Iglesias, ahora le abrazas como socio de gobierno; ahora centras tu campaña en la desigualdad y la pandemia, ahora convences a los madrileños de que la democracia está en riesgo porque avanza el fascismo; ahora defiendes que hay que hablar con todo el mundo, ahor te levantas del debate porque Pablo Iglesias se ha ido, ¡que te levantes, Ángel!
El nombre de Gabilondo le ha parecido siempre correcto al Partido Popular. La paradoja era que no estaba claro que se lo siguiera pareciendo al PSOE
La campaña fue un desastre y el PSOE se pegó un tortazo que le costó a Gabilondo una arritmia. Fueron crueles con él en el partido: acababa de anunciar que ejercería la oposición cuando le hicieron saber que ni de broma tomaría posesión siquiera de su escaño. Le dieron la patada con la misma convicción con que intentaron convertirle en lo que no era. Fue una historia desgraciada de la que salió el profesor Gabilondo muy mal parado. Hoy tiene sentido recordar que fue su rival en aquellas elecciones, la señora Díaz Ayuso, quien en este programa, unos días después de las elecciones, declaró que el enfrentamiento era agua pasada y que contaba con su apoyo para Defensor del Pueblo.
El nombre de Gabilondo le ha parecido siempre correcto al Partido Popular. La paradoja era que no estaba claro que se lo siguiera pareciendo al PSOE. O que él mismo estuviera por la labor, tras el trago de las elecciones de mayo. Ahora que ya está hecho el acuerdo, hay que agradecer los servicios prestados a Francisco Fernández Marugán, veterano socialista que asumió el cargo con carácter provisional en 2017 y que ha estado cuatro años como interino pero desempeñando un muy buen trabajo. Con setenta y cinco años, y con permiso del ministro Escrivá, se ha ganado Marugán la jubilación.
