Monólogo de Alsina: "A Abascal igual se le olvida que quien aprobó la exhumación de Franco fue el Parlamento"

Bueno, de Cataluña no. De lo que el gobierno catalán, aprovechando el poder de que dispone y los recursos públicos que gestiona, pretenda hacer para alterar el orden público con la coartada de que es el pueblo el que responde a una sentencia que no le gusta.

Hemos contado ya tantas veces lo que probablemente va a decidir el Tribunal Supremo el lunes –-o mejor, va a comunicar, porque decidir ya está todo decidido—que cuando salga la noticia le va a parecer a usted que no hay novedad alguna. Pero le recuerdo de qué estamos hablando:

• En octubre de 2017, y por primera vez en esta etapa de nuestra historia, los integrantes de un gobierno autonómico, en alianza con la presidenta del Parlamento autonómico y de los líderes de dos organizaciones sociales, intentaron que la Constitución dejara de regir en Cataluña para imponer un régimen político distinto que llamaron República Catalana.

• Por primera vez, el gobierno central intervino la administración autonómica catalana y destituyó a sus gobernantes.

• Por primera vez, la fiscalía que está para defender los derechos de todos los ciudadanos, denunció por rebelión a los integrantes de aquel gobierno, los responsables del Parlamento y los famosos Jordis.

• Por primera vez, el presidente de la Generalitat catalana se fugó a otro país para eludir la justicia.

Se inició una investigación judicial que duró un año y que dio lugar a un juicio, transparente, a la vista de todo el que quiso verlo, en el Tribunal Supremo. En estos dos años, los sospechosos de rebelión han permanecido en prisión preventiva por el riesgo de que, como el profeta prófugo, se escaparan. Y ahora lo que queda es escuchar lo que el tribunal tenga a bien comunicar la semana que viene. Si hubo delitos, qué delitos fueron, quiénes los cometieron y qué castigo merecen.

Esto es lo que la semana que viene habrá que tener presente –-de qué hablamos, de lo grave que es intentar imponer a los demás un cambio de sistema político utilizando los recursos del propio Estado— cuando el Supremo se pronuncie y cuando el movimiento nacional independentista de Puigdemont, Torra, Comín, Torrent, Rufián y compañía pretendan usar la sentencia como coartada para cualquier cosa.

Llevan desde el mes de agosto utilizándola.

• Ayer mismo, el inefable Torra predicando otra vez, con su estilo frailuno, la desobediencia civil. Que algún día podría animarse a contarnos en qué se traduce. A qué piensa desobedecer él. De momento está empatado con el prior franquista del Valle de los Caídos, que también va de insumiso al Supremo.

• Y ayer mismo el otro predicador, que es Torrent, presidente del Parlamento, tergiversó una advertencia quele hizo llegar el Constitucional para presentarla como la operación mordaza. Ay, que el gobierno quiere censurar los debates parlamentarios.

Hay que tener muchas ganas de confundir o muy pocas entendederas para decir esto. El Constitucional lleva dos años diciéndole a la mesa de ese Parlamento lo mismo: señores, en el hemiciclo los diputados pueden decir lo que les dé la gana, lo que no pueden ustedes es promover la votación de resoluciones sobre asuntos que no les competen. Si Torra detesta a la guardia civil y ama a los CDR por encima de todas las cosas puede decirlo cuando quiera, lo que no pueden ustedes es votar como Parlamento que la guardia civil se vaya. Y si el presidente de la cámara no es capaz de entender eso, el problema lo tiene él, no el Constitucional.

Esto también tendremos que tenerlo presente a partir del lunes, cuando el movimiento nacional independentista se empeñe en ahogarnos a todos en la propaganda de sus principios fundamentales. Los del movimiento.

Estuvo Santiago Abascal anoche en El Hormiguero, pero Pablo Motos no dijo que hubiera ido a divertirse.

Estuvo Abascal, esforzándose en aparecer como un hombre cordial, sosegado, tolerante, y colocando alguna broma (ligeramente forzada) al entrevistado.

De lo que fue respondiendo en la entrevista, poco que rascar. Si acaso –-un saludo a Herman Tertsch— la reiteración de esta tesis voxística según la cual se empieza por desenterrar a Franco para acabar enterrando a Felipe VI.

A Abascal igual se le olvida (y a sus palmeros europarlamentarios también) que quien aprobó la exhumación de Franco fue el Parlamento español de 2017, que votó a favor Ciudadanos y que el PP se abstuvo. El PP y Esquerra Republicana.

Ahora ha sido el Supremo quien ha bendecido la legalidad de toda la operación y ha rechazado que se estén violando los derechos de la familia del difunto. Ayer dijo el Supremo que no hace falta nada más, que el gobierno puede proceder cuando lo desee. Diga lo que diga el prior éste, Cantera, al que le ha salido una abogada defensora en la persona de Rocío Monasterio.

El prior puede opinar lo que quiera, expresarlo, declararlo, escribirlo y hasta subirse el púlpito a predicarlo. Lo que no puede es intentar que no se cumplan las normas aprobadas no por Sánchez, sino por el Parlamento, señora Monasterio, por el Parlamento y avaladas por el Tribunal Supremo. Salvo que Vox quiera sumarse a un alzamiento contra la legalidad y la Justicia, como si fuera, qué te digo yo, Oriol Junqueras.

Antes de que termine el mes Franco estará enterrado en el cementerio de El Pardo, el rey Felipe seguirá reinando, nuestro sistema seguirá siendo de monarquía parlamentaria y la gente seguirá haciendo su vida cotidiana como si tal cosa.

Y un saludo cariñoso esta mañana a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, que ayer debió de acordarse de Ana Botella.

Le tocó leer un discurso en inglés ante una Conferencia de Expertos en enfermedades infecciosas. No parece, es verdad, que el inglés sea la materia que mejor domine la ministra.

La palabra que mejor pronunció en inglés fue 'Sánchez'. Pero oye, entenderla la entendieron los asistentes y bien que aplaudieron cuando confirmó que el Estado español vuelve a dar dinero al llamado Fondo Global contra la tuberculosis y la malaria.

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