La política española se ve una vez más sacudida por un escándalo que mezcla grabaciones, presiones a la Fiscalía, prácticas presuntamente mafiosas y nombres clave del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En el centro del huracán, una militante con un currículum público notoriamente ligado a empresas estatales: Leire Díez.
El medio El Confidencial ha publicado nuevas grabaciones en las que se involucra a miembros del entorno del PSOE en un intento de obtener información comprometedora sobre mandos de la Guardia Civil a cambio de posibles favores judiciales. En el núcleo de estas revelaciones aparece Javier Pérez Dorset, empresario y presunto "fontanero" de Ferraz, quien asegura que tanto el presidente del Gobierno como el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, estarían directamente detrás de una campaña orquestada contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Según el relato recogido, Alejandro Hamlyn —figura clave en esta trama— habría pedido garantías de protección judicial a cambio de aportar información. En ese contexto, aparecen nombres y grabaciones que apuntan a un intento de destruir la reputación de altos mandos policiales, mientras se maniobraba en los márgenes del poder político y judicial.
Uno de los episodios más alarmantes es la supuesta petición por parte de Leire Díez al comandante Rubén Villalba, miembro de la Guardia Civil, para "silenciar" a un empresario y frenar la filtración de información sensible. Según la información, Villalba sería el “topo” de una presunta organización infiltrada hasta el núcleo mismo del poder político.
Más allá del escándalo de las grabaciones, los medios revelan que Leire Díez habría ofrecido a periodistas un vídeo sexual de un fiscal anticorrupción, elevando aún más el nivel de alarma sobre los métodos utilizados. El propio diario El Español informó que esta oferta fue rechazada de plano, pero su existencia refleja la gravedad de los hechos.
El PSOE, ante la presión mediática y política, ha abierto un expediente informativo. No obstante, este no se dirige contra Díez, sino sobre las informaciones publicadas, y va acompañado de un duro comunicado no contra los implicados, sino contra los medios que han destapado el caso. Una reacción que ha sido interpretada como un intento de desviar el foco de atención.
Dentro del partido, las voces críticas se multiplican. Ayer fue Patxi López quien reconoció conocer a Leire Díez. Hoy ha sido Cristina Narbona, presidenta del PSOE, quien ha admitido a pesar de su vinculación pasada. La figura de Díez, lejos de ser un militante de base, ha ocupado cargos de alto nivel en empresas públicas como Correos y ENUSA, con sueldos que distan mucho de los medios nacionales.
Mientras tanto, desde Ferraz, la estrategia parece centrada en el silencio. Santos Cerdán evita los micrófonos, ofreciendo respuestas vagas y huidizas. La oposición, por su parte, exige explicaciones y recuerda la función fiscalizadora del Parlamento.
En paralelo, la tragedia humanitaria también ha marcado la jornada. En El Hierro, el naufragio de un cayuco a escasos metros del puerto de La Restinga ha dejado al menos siete fallecidos, entre ellos mujeres y niños. La imagen, sobrecogedora, ha sido descrita por testigos como una escena de desesperación absoluta. El alcalde del municipio, Miguel Padrón, ha hecho un llamamiento a todas las administraciones, incluidas las europeas, para afrontar con humanidad una situación que se repite una y otra vez.
La doble cara del día —una tragedia en el mar y una trama oscura en la política— ofrece una radiografía de un país enfrentado a desafíos de humanidad y transparencia. El escándalo de Leire Díez promete seguir sumando capítulos en las próximas jornadas, mientras crecen las voces dentro y fuera del PSOE que piden una respuesta clara y contundente.
