LA BRUJULA

La mirada cítrica: Un agujero de 4.000 millones de euros a los Ayuntamientos

Ignacio Rodríguez Burgos analiza con su particular visión la actualidad económica en La Brújula

ondacero.es

Madrid | 26.10.2021 21:18

Los tribunales no dan ni una alegría al Gobierno. Cuando no es el Supremo es la Audiencia Nacional. Ahora, el turno le llega al Tribunal Constitucional. El Alto tribunal ha anulado el Impuesto de Plusvalías. Sin duda, es uno de los tributos más denostados por los ciudadanos.

Originalmente el Impuesto de las Plusvalías lo cobra un Ayuntamiento cuando se vende un terreno o una vivienda, y se aplica a parte del beneficio conseguido en la operación. Para ello, se presupone que el bien siempre aumenta de valor. Este axioma se rompió con la Gran Recesión, donde se hundió el precio de los bienes inmuebles. Se vendían muy por debajo del coste al que se compraron. Comenzaron a llegar reclamaciones a los tribunales. ¿Y qué hizo entonces Hacienda? Pues inventarse una metodología de cálculo para que fuera cual fuera la operación, ganase o perdiese dinero, el vendedor siempre debía pagar el Impuesto de Plusvalías al Ayuntamiento, incluso en casos de herencia.

Ahora el Constitucional anula ahora la norma. Eso sí, sin retroactividad, el que ha pagado ha pagado, lo cual también abre más de una reflexión. La decisión del Constitucional deja encima de la mesa otra cuestión, un agujero de 4.000 millones de euros a los Ayuntamientos. Es lo que cobran por este tributo, su segundo mayor ingreso tras el IBI. Hacienda ya ha comunicado que ultima un borrador. De Hacienda no se salva nadie y para cobrar siempre es veloz

Lo curioso del caso es que la Federación de Municipios ya había solicitado al Presidente Sánchez cambios en la Ley de Hacienda Locales. Se veía venir el fallo. Pero Sánchez hizo, hasta ahora, oídos sordos y eso que lo de la vivienda le preocupa, por eso hoy ha aprobado el anteproyecto para el control del precio del alquiler. Hablaremos en la Brújula de esta y otras cuestiones con la ministra Raquel Sánchez.

Todo esto mientras se mantiene el enfrentamiento entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño a cuenta de la Reforma Laboral. No hay tregua y salen tanta chispas de su relación que el Ejecutivo podría establecer una empresa pública de energía. El Consejo de Ministros ha aprobado nuevas ayudas a las familias vulnerables, 90 euros. Y también que las empresas que mantengan precios fijos a la industria estarán exentas del recorte de beneficios. Reculando, según Podemos. Y en Europa, el Gobierno se ha llevado un calambrazo su propuesta de separar el precio del gas del mercado mayorista de la electricidad ha quedado en barbecho.