Territorio Negro: El atentado de Kabul

El 11 de diciembre de 2015 en Kabul, poco antes de las seis de la tarde, un coche bomba conducido por un suicida estalló en una de las puertas de acceso de la embajada española. Por el agujero provocado por la explosión entraron al menos tres terroristas, que permanecieron en el edificio unas doce horas, hasta que las tropas de asalto estadounidenses acabaron con ellos. Los talibanes, armados con fusiles de asalto AK47, granadas de mano y lanzagranadas RPG, mataron al policía Jorge García, al subinspector Gabino Sanmartín y a diez personas más, en su mayoría afganos…

En el momento del ataque había en la embajada española ocho de los nueve policías destinados allí –uno estaba fuera del edificio, escoltando a la canciller, y se encontraba a 200 metros cuando se produjo la explosión-, un funcionario de Asuntos Exteriores y el segundo jefe de la delegación, Oriol Solá, porque el embajador, Emilio Pérez de Ágreda, se encontraba de vacaciones desde dos días antes.

El subinspector Jorge García tenía su habitación muy cerca del lugar en el que estalló el coche bomba, pero no murió a consecuencia de la explosión. Probablemente fue herido por la onda expansiva, pero se enfrentó a tiros con los terroristas que entraron en la embajada y que acabaron matándole. Su compañero Gabino Sanmartín tomó una decisión muy valiente que le costó la vida. Minutos después del inicio del ataque, los agentes españoles se reagruparon, hicieron recuento y comprobaron que Jorge no respondía. No sabían dónde estaba.

El policía Gabino, un agente de la UIP, decidió salir a buscarle, pese a que los terroristas ya habían llegado a la parte más alta del edificio y tenían una posición de tiro privilegiada. Le acompañó otro compañero, que fue testigo de cómo Gabi era alcanzado por los disparos de los talibanes. Intentó atenderle, recuperar su cuerpo, pero el fuego enemigo se lo impidió. Gabi entonces comenzó a pedir ayuda a sus compañeros a través del equipo de transmisiones. Varios de ellos contaron a las fiscales de la Audiencia Nacional como decía, con total calma, “me han dado, me estoy desangrando, venid a buscarme, venid a por mí que no puedo moverme, venid que me voy a desmayar”.

Imaginen la situación. Un policía que es alcanzado cuando iba a salvar a otro compañero y el resto de agentes oyendo cómo se le va la vida… Así pasaron varias horas. Los agentes españoles refugiados en las zonas seguras, oyendo los disparos, las explosiones y a Gabi herido por la radio. El policía que estaba fuera en el momento del atentado fue quien logró sacar el cuerpo de su compañero, tras varios intentos y negativas de las fuerzas afganas, que fueron repelidas por los terroristas. Antes de morir, Gabi le dijo a ese compañero unas palabras que definen muy bien la pasta de la que estaba hecho: “había que salir a buscar a Jorge”. Desde luego, de una pasta muy especial… Hasta aquí lo ocurrido ese 11 de diciembre de 2015, esas doce horas de asedio que costaron la vida a dos policías españoles.

Pero antes pasaron muchas cosas de las que hoy nos vamos a ocupar… Vamos primero a 2008, fecha en la que se abre nuestra delegación diplomática en Kabul.

La primera decisión discutible es la elección del lugar en el que se sitúa: un barrio alejado de la Green Zone, la parte de la ciudad en la que están la mayoría de las embajadas de los países occidentales y el cuartel general de las fuerzas de la OTAN. En ese barrio el acceso está restringido y es, por tanto, uno de los pocos lugares seguros de Kabul. Nuestra embajada estaba en un barrio de viviendas de señores de la guerra, sin control de acceso, con muchos edificios cercanos y con libertad de tráfico a su alrededor. Tan poco segura debía parecer que José Turpin, el primer embajador que tuvimos en Kabul, decidió trasladar su residencia a una vivienda dentro de la Green Zone. Él, como el resto de los embajadores que hemos tenido desde entonces, no vivía en el edificio atacado.

El Grupo Especial de Operaciones de la Policía, la unidad táctica, la unidad de élite, se encargó de la seguridad de la embajada de Kabul desde 2008 hasta 2013. Los recortes también llegaron hasta ahí y a partir de ese momento, los agentes que protegen la delegación diplomática son policías que reciben un curso de un par de semanas. Ya desde la época en la que estaba el GEO comenzaron a llegar al Ministerio de Asuntos Exteriores informes con quejas sobre los agujeros de seguridad del edificio. Dos veces al año, los policías redactaban informes que denunciaban las condiciones en las que trabajan.

Esos informes eran remitidos, en primer lugar, al embajador, que después debía trasladarlos a sus jefes en Madrid. Lamentablemente, nadie hizo caso de esos informes. Y ponemos unos cuantos ejemplos: en el año 2011, se denunció que las garitas de seguridad de la entrada al edificio eran de paja, las ventanas de plástico y las puertas, de madera. El Ministerio aprobó una inversión de 5.000 euros para emprender esta reforma, que no se hizo hasta 2015.

En agosto de 2014, el jefe del equipo de seguridad estática redactó un demoledor informe que comenzaba diciendo que la embajada “distaba de llegar a unos parámetros mínimos de seguridad” que exigiría un edificio así en Kabul. En ese informe, el oficial pedía una docena de medidas para reforzar la seguridad, que nunca llegaron.

En el sumario del atentado hay una carta del responsable de la empresa de seguridad afgana que colaboraba con la policía en la protección de la embajada. La carta, fechada en noviembre de 2014, también habla de los problemas de seguridad del edificio y anticipa lo que pasó trece meses después: piden reforzar las puertas de entrada porque temen un atentado en el que una explosión suicida sirva para que otros terroristas entren al edificio y maten a los que se encuentran dentro.

En agosto de 2015, casi de manera desesperada, el policía que mandaba el equipo de seguridad le remitió una carta a Oriol Solá, el segundo jefe de la embajada, en la que se lee textualmente: “Sin necesidad de insistir en lo evidente, este oficial insta a los responsables de la misión diplomática a que comuniquen a instancias superiores del Ministerio de Asuntos Exteriores la situación de seguridad en la que se encuentra y encontramos la embajada como edificio y los que en ella residimos y trabajamos”.

La querella dedica a Oriol Solá unas palabras muy duras. Leemos: “no solo no respetaba absolutamente ninguna medida de seguridad, sino que por capricho ponía en constante riesgo la seguridad del edificio. Había un trasiego constante de mercaderes paseando por la embajada. Entraban coches, furgonetas y camiones con joyas, alfombras, ropa…”. Ese trasiego tiene mucha importancia, porque la sospecha del juez Pedraz es que los terroristas conocían la embajada.

De hecho, el pasado viernes solicitó las grabaciones de las cámaras de la seguridad de la embajada para comprobar si los atacantes estuvieron antes dentro. Todos los policías que declararon ante las fiscales de la Audiencia Nacional dijeron que los talibanes se movían perfectamente por el edificio, aún estando completamente a oscuras.

Es decir, la sospecha es que ese relajo con el que Oriol Solá, segundo jefe de la embajada, dejaba entrar a todo tipo de gente sirvió para facilitar el atentado. Pero no es esta la acusación más grave contra Solá. En la querella se dice de él que los agentes que trabajaban en la embajada se encontraban bajo amenazas, presiones y coacciones para que no se quejaran. Y dicen de él que les daba un trato denigrante. Recordemos que el día del atentado Oriol Solá era el máximo responsable de la misión diplomática española, ya que el embajador estaba de vacaciones. Y, por tanto, Solá fue el destinatario de un correo electrónico recibido la misma mañana del ataque en el que se avisaba de eso, precisamente, de un atentado en las horas siguientes.

Los servicios secretos franceses alertaron a todas las embajadas occidentales de que ese 11 de diciembre iba a haber un atentado contra una misión diplomática en Kabul. El correo llegó a la agregaduría de defensa, que lo remitió, cifrado, a la embajada. Un funcionario los descifró y se lo remitió a Oriol Solá.

Aquí hay versiones diferentes. Lo que dice la querella es que Oriol Solá llegó ese viernes a las 12 de la mañana a su despacho, al parecer –leemos textualmente– después de una “noche agitada”, algo que era habitual. Pasó quince minutos en el despacho y no dijo nada a nadie acerca de esa amenaza. Unas horas después, los talibanes irrumpieron en la embajada con el resultado conocido.

Oriol declaró ante las Fiscalía de la Audiencia Nacional y dio una versión bien distinta. Dijo que no vio ese correo hasta varias semanas después del atentado, cuando oyó hablar de él y que solo entonces comprobó su bandeja de entrada. Como única explicación, le dijo a la fiscal que le interrogaba que el mail llegó a las cuatro de la tarde y a esa hora él ya no estaba en el despacho.

Con las tecnologías de la comunicación de las que se disponen ahora, parece una explicación poco convincente, desde luego… Veremos qué dice la Justicia. ¿Qué hubiese pasado si ese correo hubiera llegado a los policías, a los encargados de la seguridad de la embajada?

Lo sabemos con certeza porque nueve meses antes, en marzo de 2015, se tuvo noticia de una amenaza muy similar. Lo que se hizo entonces fue activar un plan de emergencia: se cortó el tráfico en las calles de alrededor de la embajada, se cerró el edificio a cal y canto, se reforzó la seguridad exterior y todos los miembros de la misión permanecieron más de 24 horas encerrados en los que se conoce como safety-room, habitación de seguridad.

Es decir, que en esta ocasión, si a ese correo electrónico se le hubiese dado el curso habitual, se habría hecho lo mismo y a lo mejor no estaríamos hablando de dos viudas de policías que acuden a la justicia en busca de culpables…

Seguramente, aunque hay cosas que van más allá de eso. A estas alturas, ni el embajador ni el segundo jefe de la embajada han sido capaces de hacer una llamada de teléfono a Gemma y Estefanía, las viudas de Jorge García e Isidro Gabino, los policías que se dejaron la vida por proteger esa misión diplomática.

Por si fuera poco, hace unos días, coincidiendo con la denuncia en la Audiencia Nacional, el embajador, Emilio Pérez de Ágreda, decidió retirar del vestíbulo de la embajada la placa que hay en memoria de los dos policías fallecidos y llevarla a un lugar menos visible… Le debe parecer un recuerdo incómodo.